El Gobierno Vasco evalúa el recurso a la anulación de su decreto de euskera y prevé una nueva norma en un año

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha informado este miércoles de que el Ejecutivo autonómico analizará en profundidad la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el Decreto 19/2024 sobre la normalización del uso del euskera en el sector público. Bengoetxea ha señalado que el Gobierno dispone de un plazo de 30 días para decidir si interpone un recurso contra el fallo, mientras avanza simultáneamente en la elaboración de una nueva normativa que dote de mayor seguridad jurídica al proceso de normalización lingüística.

La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV fundamenta la anulación del decreto, aprobado el pasado 22 de febrero, en una «insuficiencia de la memoria económica». El tribunal ha estimado de este modo el recurso presentado por Vox contra la norma. Durante su comparecencia en Bilbao, la consejera subrayó que la sentencia no entra a valorar el fondo de la política lingüística ni cuestiona el objetivo final de la norma, sino que se centra en defectos de carácter procedimental en la elaboración del expediente administrativo.

«La sentencia fundamenta la anulación sobre todo en cuestiones relacionadas con el procedimiento y, en particular, con la memoria económica. Es, por tanto, una anulación que va más a la forma que al contenido o a la materia del mismo», ha precisado Bengoetxea. En este sentido, la vicelehendakari ha reiterado el compromiso del Ejecutivo para garantizar que la ciudadanía vasca pueda relacionarse con la Administración Pública en el idioma de su elección, reafirmando el euskera como herramienta esencial en la prestación de servicios públicos.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística ya había iniciado los trámites para una actualización normativa previa a la notificación del fallo judicial. Esta modificación responde al mandato del Parlamento Vasco tras la reforma de la Ley de Empleo Público aprobada en junio de 2024. Según las previsiones del Gobierno, el nuevo decreto podría estar aprobado en un plazo de entre seis meses y un año, dependiendo del volumen de alegaciones que se presenten durante el trámite de exposición pública y la complejidad de su análisis individualizado.

El Ejecutivo integrará los fundamentos jurídicos de la actual sentencia en el nuevo borrador con el fin de evitar futuras impugnaciones y blindar la seguridad jurídica del marco normativo. Bengoetxea ha incidido en que el trabajo de la Administración continuará con el objetivo de consolidar el uso del euskera, independientemente de la decisión final sobre el recurso de casación. La consejera ha concluido que el Gobierno debe «hacer las cosas mejor» en términos de procedimiento para asegurar que las herramientas de normalización lingüística cuenten con un soporte administrativo inatacable.