La Guardia Civil informa a la Audiencia Nacional que no hubo alertas previas sobre la dimensión de la crisis en Ceuta
La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha remitido un informe a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, en el que sostiene que los avisos previos a la crisis migratoria ocurrida los días 30 y 31 de julio en Ceuta no permitían predecir la entrada masiva de personas que finalmente se produjo. Según el documento, las comunicaciones previas a través de los canales de cooperación habituales mencionaban concentraciones de personas en el lado marroquí, pero sin anticipar el escenario de colapso que derivó en el acceso de miles de ciudadanos a nado y por el espigón de la ciudad autónoma.
Esta respuesta técnica coincide con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, donde afirmó que el Ejecutivo no recibió alertas de carácter extraordinario que permitieran anticipar la magnitud de la crisis. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo reiteró que no existen pruebas concluyentes sobre la autoría intelectual de los hechos por parte de Marruecos, si bien aseguró que se actuaría con firmeza en caso de verificarse dicha implicación.
El informe de la Guardia Civil responde a una providencia dictada por la jueza Tardón el pasado 5 de agosto. En ella, la magistrada solicitaba detalles sobre los dispositivos de seguridad desplegados, las operaciones de rescate en aguas territoriales y los datos de identificación de los supervivientes. Asimismo, la Audiencia Nacional ha requerido información precisa sobre las causas y fechas de los fallecimientos registrados durante los incidentes en el perímetro fronterizo.
En paralelo, la instrucción judicial cuenta con un segundo informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. A diferencia de la valoración de la Guardia Civil, este documento de 55 páginas apunta a una presunta participación de agentes de la gendarmería marroquí en el guiado y planificación de la entrada de migrantes. La entrega directa de este informe a la Audiencia Nacional ha generado tensiones institucionales entre el Ministerio del Interior y la cúpula judicial.
El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó su preocupación a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, argumentando que el desconocimiento de este informe por parte de la cadena de mando operativa podría afectar a la seguridad nacional. Por su parte, la presidencia del CGPJ ha defendido la independencia de la magistrada Tardón y el respeto a los procedimientos de instrucción judicial en curso.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa contra funcionarios y autoridades por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal y omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía ya se ha pronunciado a favor de que la Audiencia Nacional mantenga la competencia para esclarecer si existió una acción concertada u organizada detrás de la crisis fronteriza de finales de julio.
