Expertos instan a una reforma fiscal ante una carga tributaria sobre la vivienda que alcanza el 62%
La carga fiscal que soporta la vivienda en España a lo largo de su ciclo económico —adquisición, tenencia y transmisión— puede superar el 62% del precio de compra. Esta es la principal conclusión del estudio «Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España», presentado por el doctor Jaume Menéndez en un acto conjunto con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana.
El informe sitúa a España como el cuarto país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre el sector inmobiliario, solo por detrás de Luxemburgo, Francia y Bélgica. Según Menéndez, la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos públicos desproporcionada, por lo que propone transitar hacia un modelo basado en la neutralidad y la coherencia normativa que favorezca de manera efectiva el incremento de la oferta.
Entre las medidas fiscales sugeridas destaca la aplicación de un IVA del 0% para la promoción de alquiler asequible y un tipo reducido del 4% o 5% para la primera adquisición por parte de jóvenes, con independencia de su edad. Asimismo, el estudio plantea corregir el denominado «efecto cascada» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), permitiendo que el nuevo comprador pueda deducirse el tributo abonado previamente por el vendedor en transmisiones sucesivas de un mismo inmueble.
En relación con la fase de tenencia y transmisión, el autor aboga por elevar el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio —congelado desde 2011— y modular los umbrales en función del territorio y la capacidad adquisitiva local. Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se recomienda establecer una tarifa progresiva única de entre el 5% y el 15%, eliminando los grupos de parentesco como criterio central y suprimiendo los coeficientes multiplicadores por patrimonio preexistente.
Josep María Font, presidente de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, y Ángel de la Fuente, director de Fedea, coincidieron en que la falta de oferta es el origen estructural del problema actual. Ambos señalaron que el encarecimiento de los costes de construcción, la inseguridad jurídica normativa y los prolongados plazos para el desarrollo de suelo finalista están dificultando el acceso a la vivienda, especialmente en las grandes áreas metropolitanas.
Finalmente, los expertos participantes en la jornada hicieron un llamamiento a alcanzar un acuerdo político que dote al sector de estabilidad y seguridad jurídica. Asimismo, subrayaron la necesidad de mejorar las infraestructuras de transporte para permitir una expansión territorial efectiva y lamentaron lo que consideran una «contaminación» ideológica del debate público que ha penalizado la construcción de vivienda libre en los últimos años.
