La Dirección General de la Guardia Civil ha formalizado la supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) con sede en L’Estartit (Gerona), una unidad que prestaba servicio en la Costa Brava desde hace tres décadas. Según la resolución del Ministerio del Interior, la medida responde a razones operativas y de optimización de recursos humanos, lo que conlleva el traslado de las capacidades de rescate acuático de la provincia a la comandancia de Barcelona.
Con esta reestructuración, los 11 agentes que integran la unidad de élite se unificarán en la capital catalana para dar cobertura a todo el litoral de la comunidad autónoma. Esta decisión supone el cierre del punto operativo en una de las zonas de mayor actividad subacuática de España, donde se estima que se realizan más de 70.000 inmersiones anuales en enclaves de alta afluencia como las Islas Medas o Begur, y que cuenta con más de 70 centros de buceo reglamentados.
Desde las asociaciones profesionales del Cuerpo se ha manifestado una profunda preocupación por las consecuencias en la seguridad ciudadana. Advierten que la centralización del servicio en Barcelona incrementará los tiempos de respuesta ante emergencias en la costa gerundense. Asimismo, señalan que el desmantelamiento ha sido progresivo, indicando que las vacantes en L’Estartit no fueron cubiertas en los últimos años hasta reducir el grupo a su mínima expresión antes de decretar su cierre definitivo.
La situación del GEAS se suma a las denuncias de colectivos como la asociación Jucil sobre otras unidades de especialistas en la región. En particular, se ha alertado sobre la situación del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) en Tarragona, el cual se encontraría también en niveles mínimos operativos, siguiendo un patrón de gestión similar al de la unidad subacuática.
En el ámbito competencial, la desaparición de esta unidad en Gerona cobra relevancia debido a que la Guardia Civil ostenta la jurisdicción exclusiva en el mar como policía judicial. No obstante, fuentes internas del Instituto Armado sugieren que la pérdida de presencia territorial podría derivar en una futura transferencia de funciones hacia la unidad de policía marítima de los Mossos d’Esquadra, la cual ha experimentado un crecimiento notable en efectivos y embarcaciones durante los últimos tres años.
Para paliar el déficit de personal en Cataluña, la Dirección General ha implementado recientemente el denominado «derecho preferente modelable». Esta medida incentiva el arraigo de los agentes permitiéndoles acumular puntuación doble o triple tras permanecer entre tres y seis años en destinos catalanes. Este sistema de méritos busca facilitar el acceso a destinos futuros más demandados, actuando como alternativa a la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) que solicitan las asociaciones para equiparar los complementos económicos a los de otras regiones como el País Vasco o Navarra.
La medida de incentivo administrativo fue ratificada el pasado 11 de junio, coincidiendo con el interés institucional de promover la estabilidad de las plantillas en la comunidad autónoma. Sin embargo, el sector crítico dentro de la Guardia Civil sostiene que, a falta de incentivos económicos directos, la capacidad operativa de las unidades especializadas seguirá viéndose comprometida frente a la reorganización de recursos planteada por el Ministerio del Interior.
