La justicia investiga a la portavoz de Vox en Cantabria por el hallazgo de un bolígrafo grabador en el Parlamento

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir el procedimiento penal contra la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Cantabria, Leticia Díaz. La magistratura investiga su posible participación en la colocación y uso de un bolígrafo grabador encontrado en las dependencias de la formación en la Cámara regional, según el auto notificado este jueves.

La resolución judicial se sustenta en el análisis de un dispositivo electrónico que contenía 25 archivos de audio. Según el instructor, en tres de estas grabaciones se identifica la voz de la portavoz, quien habría sido reconocida por tres personas diferentes. Los audios sugieren que la parlamentaria tenía conocimiento de la existencia del aparato, comprendía su funcionamiento y manifestaba expectativas sobre los resultados de las grabaciones, llegando a afirmar, según consta en el auto, que de allí se obtendrían «grandes cosas».

El magistrado vincula estos indicios con la actividad de un asesor del grupo parlamentario, quien ya se encontraba bajo investigación en la misma causa. El auto señala que dicho asesor trabajaba de forma casi exclusiva para Díaz en el momento de los hechos. Las grabaciones recogen conversaciones entre ambos donde se escuchan instrucciones técnicas sobre el encendido del dispositivo y comentarios sobre su potencial para captar información en el entorno laboral.

El contexto de la investigación se enmarca en una situación de «rivalidad política» interna dentro del Grupo Parlamentario Vox tras las elecciones de 2023. Los denunciantes del caso son dos diputados de la propia formación, Cristóbal Palacio y Armando Blanco, junto a dos asesores. Según la denuncia original, presentada en 2024, el bolígrafo fue localizado en el despacho de los asesores, sobre la mesa de trabajo de uno de los empleados vinculados a la portavocía, con el presunto fin de registrar conversaciones de forma subrepticia.

Para el instructor, la conjunción del contenido de los audios, el entorno de enfrentamiento interno y la relación de dependencia profesional del asesor investigado constituyen indicios suficientes de una posible participación en los hechos por parte de Leticia Díaz. Por este motivo, el juez ha procedido a llamarla a declarar en calidad de investigada para esclarecer su responsabilidad en el uso del dispositivo.

Finalmente, la autoridad judicial ha precisado que esta decisión no es firme. Contra el auto cabe interponer un recurso de reforma en un plazo de tres días o un recurso de apelación en cinco días. El proceso continuará su curso para determinar si el uso del dispositivo constituye una vulneración de los derechos de los parlamentarios y trabajadores del legislativo cántabro.