Irán ejecuta a un condenado por participar en las protestas y presunto espionaje
Las autoridades judiciales de la República Islámica de Irán llevaron a cabo este martes la ejecución de Amirali Mirjafari, un prisionero condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero y por supuesta colaboración con los servicios de inteligencia de Israel. Esta medida eleva a ocho el número de personas ejecutadas en relación con las movilizaciones ocurridas en el último trimestre.
Según informó la agencia Mizan, órgano de difusión del Poder Judicial iraní, Mirjafari fue identificado como un «elemento armado» que habría actuado bajo la dirección de la red del Mossad. Los cargos presentados en su contra incluyeron el incendio de la mezquita Yameh de Qolhak, situada en el norte de Teherán, así como la ejecución de acciones destinadas a vulnerar la seguridad nacional en dicha zona. La sentencia de muerte fue aplicada en la madrugada de hoy tras ser ratificada por el Tribunal Supremo.
Este procedimiento se suma a una serie de aplicaciones de la pena capital registradas desde el pasado 19 de marzo. Además de los ocho ciudadanos vinculados a las protestas, la administración iraní ha ejecutado en las últimas semanas a cuatro individuos considerados presos políticos y a otros dos sujetos condenados bajo cargos de espionaje en favor de intereses extranjeros. La intensificación de estas medidas ocurre en un clima de vigilancia estricta sobre las actividades de disidencia interna.
Las manifestaciones de enero, que exigían reformas estructurales en el sistema político del país, fueron contenidas mediante un despliegue de seguridad que dejó un saldo de 3.117 fallecidos, según cifras oficiales. No obstante, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, señalan que el número de víctimas mortales supera las 7.000 personas, mientras que la cifra de detenidos se estima en aproximadamente 53.000 ciudadanos.
Irán se mantiene como uno de los países con mayor incidencia de la pena de muerte a nivel global. De acuerdo con informes de las ONG Iran Human Rights (IHRNGO) y Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM), durante el año 2025 se registraron 1.639 ejecuciones, lo que representó un incremento del 68% respecto al periodo anterior. Estos datos sitúan la actividad de los tribunales revolucionarios en sus niveles más altos desde el año 1989, consolidando una tendencia al alza en la aplicación de sentencias capitales por motivos políticos y de seguridad nacional.
