Juanma Moreno califica de «muy grave» el supuesto informe de Interior sobre la ideología de periodistas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tildado de «muy grave» la supuesta existencia de un listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. Durante una comparecencia ante los medios en Granada, el líder del Ejecutivo andaluz ha exigido explicaciones urgentes al ministro Fernando Grande-Marlaska sobre un documento que, según las informaciones publicadas, clasificaría a los profesionales de la comunicación en función de su filiación ideológica.
Moreno ha expresado su rechazo frontal a este tipo de prácticas, comparándolas con métodos propios de la dictadura. «Me recuerda a tiempos pasados de Franco cuando desde el Ministerio del Interior se calificaba con foto y se hacía una ficha de los periodistas sobre su orientación ideológica», ha manifestado el presidente autonómico, subrayando la gravedad de que un organismo público realice un seguimiento basado en la tendencia de opinión de los informadores.
En su intervención, el mandatario andaluz ha incidido en que este hecho no debe quedar sin respuesta administrativa o política. A su juicio, la elaboración de este tipo de informes debe acarrear «alguna consecuencia» para los responsables de su gestión, instando al Gobierno central a dar cuenta de los criterios y objetivos que habrían motivado la creación de dicho registro de profesionales del sector mediático.
La denuncia de Juanma Moreno se produce tras las revelaciones que apuntan a que Interior habría recopilado datos personales y perfiles ideológicos de diversos redactores. Para el titular de la Junta, el hecho de que se «fiche a los periodistas» supone una vulneración de los principios democráticos y un ataque a la libertad de prensa, motivo por el cual ha reiterado la necesidad de transparencia inmediata por parte del Ministerio.
Finalmente, el presidente andaluz ha apelado a las garantías institucionales para proteger el ejercicio del periodismo frente a posibles injerencias o clasificaciones por parte de los poderes públicos, calificando la situación de inadmisible en el marco de un Estado de derecho moderno.
