El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha incoado diligencias previas para investigar la adquisición inusual y masiva de sustancias precursoras de explosivos caseros en la ciudad autónoma. El magistrado instructor ha ordenado a la Policía Nacional que indague si estas compras, realizadas presuntamente por individuos que accedieron a territorio nacional en el salto migratorio del pasado 30 de julio, tienen como finalidad la fabricación de artefactos para provocar desórdenes públicos.
Según el auto judicial fechado el pasado 9 de septiembre, la investigación se centra en la compra coordinada de botellas de aguafuerte (ácido clorhídrico) y rollos de papel de aluminio en establecimientos comerciales de Ceuta. La combinación de estos elementos en envases cerrados genera una reacción química que provoca pequeñas deflagraciones y la liberación de gases, un mecanismo utilizado habitualmente en la elaboración de artefactos incendiarios de fabricación artesanal.
La actuación judicial tiene su origen en una denuncia interpuesta a finales de agosto, tras detectarse que grupos numerosos de personas estaban adquiriendo estos productos en cantidades que exceden el uso doméstico razonable. Los hechos coinciden cronológicamente con el lanzamiento de botellas con sustancias inflamables contra una manifestación en la colonia Weil el pasado 28 de agosto, incidente que requirió la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El magistrado ha solicitado a la Policía Nacional un informe pericial sobre las sustancias adquiridas y la determinación de la autoría de los hechos. El instructor señala que, si bien estos productos son de libre comercialización, su acopio coordinado constituye un indicio de relevancia penal bajo los supuestos de tenencia de sustancias explosivas o inflamables y delitos de desórdenes públicos, tipificados en los artículos 568 y 557 del Código Penal, respectivamente.
La investigación también rastrea posibles puntos de ocultación o almacenaje de estos materiales en la ciudad. En el marco de estas pesquisas, se analiza la posible implicación de perfiles radicales y la actuación de determinados activistas de organizaciones no gubernamentales. Recientemente, la Policía Nacional procedió a la detención de varios integrantes de la organización No Name Kitchen por presunta resistencia a la autoridad y alteración del orden en la zona de la playa de Benítez.
El auto judicial mantiene abierta la posibilidad de elevar la causa a la Audiencia Nacional en caso de que las diligencias practicadas revelen indicios de actividades vinculadas al terrorismo. Por el momento, el juzgado se encuentra a la espera del resultado de las pesquisas policiales para determinar la naturaleza exacta de los delitos y las responsabilidades penales derivadas de estos acopios de material.
