Nogueras vincula la futura gobernabilidad a la permanencia de las lenguas cooficiales en el Congreso
La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados y candidata a los próximos comicios, Miriam Nogueras, ha reafirmado la determinación de su formación para mantener el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Esta posición surge como respuesta directa a las recientes declaraciones de la dirigente del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien expresó su intención de suprimir el sistema de traducción simultánea en el hemiciclo si su partido alcanza responsabilidades de gobierno.
A través de un mensaje en sus perfiles oficiales, Nogueras ha advertido que la continuidad de este derecho lingüístico será una condición innegociable en caso de que la aritmética parlamentaria otorgue nuevamente a su partido una posición decisiva. «Si vuelve a depender de nosotros, comerás pinganillo cuatro años más», manifestó la representante independentista, en alusión al dispositivo receptor utilizado por los diputados para seguir las intervenciones en catalán, euskera o gallego.
El debate sobre el uso de las lenguas del Estado en el Parlamento se ha reavivado tras una entrevista de Álvarez de Toledo, en la que la diputada popular calificó como una prioridad la eliminación de los sistemas de traducción instalados durante la presente legislatura. Para la dirigente del PP, la introducción de los auriculares supone una barrera en el debate parlamentario, que tradicionalmente se desarrollaba íntegramente en castellano.
La implementación de la traducción simultánea en el Congreso de los Diputados fue uno de los puntos clave del acuerdo suscrito entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al inicio de la legislatura. Dicho pacto fue fundamental para asegurar la Presidencia de la Cámara a la socialista Francina Armengol y permitió, por primera vez en la historia de la institución, el uso normalizado de las lenguas cooficiales en los debates parlamentarios.
Este intercambio dialéctico se produce en un contexto de precampaña electoral, de cara a la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre. La cuestión lingüística vuelve a situarse en el centro de la agenda política, evidenciando las visiones contrapuestas entre las formaciones que defienden la pluralidad lingüística del Estado como un derecho consolidado y aquellas que abogan por retornar al modelo de lengua única en la sede de la soberanía nacional.
Desde el Congreso de los Diputados, el mantenimiento de estas infraestructuras técnicas y de personal especializado en traducción sigue siendo objeto de seguimiento presupuestario, mientras que las fuerzas políticas fijan sus posiciones ante una posible reconfiguración de mayorías tras la próxima jornada electoral.
