Junts delega en Carles Puigdemont la decisión sobre los términos de su regreso tras el aval europeo a la amnistía
La dirección parlamentaria de Junts per Catalunya ha manifestado este martes que la decisión sobre las condiciones y el momento del regreso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recaerá exclusivamente en el propio líder. Esta postura se produce tras el reciente aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al texto de la ley de amnistía, cuya aplicación efectiva para Puigdemont permanece actualmente supeditada a las resoluciones pendientes del Tribunal Constitucional.
Mònica Sales, líder de Junts en el Parlament, ha expresado esta posición durante una comparecencia en Guardiola de Berguedà, donde el grupo parlamentario celebra sus jornadas de trabajo para el inicio del curso político. Sales, acompañada por el portavoz Salvador Vergés, ha subrayado que la formación otorgará un «margen de maniobra» total a Puigdemont para que determine cómo desea efectuar su retorno, una vez que el marco judicial español despeje las trabas para su aplicación por el delito de malversación.
La formación ha apelado a la «prudencia» institucional ante el escenario judicial actual. En este sentido, Sales ha cuestionado la demora en la aplicación de la norma para los implicados en los hechos del 1 de octubre, incluyendo a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. Desde el grupo parlamentario han denunciado lo que consideran un obstáculo por parte de determinados sectores judiciales para impedir que Puigdemont pueda ejercer su liderazgo político de forma presencial en Cataluña.
Respecto al papel institucional que asumiría el expresidente una vez en territorio nacional, la formación no ha confirmado si ocupará el cargo de jefe de la oposición en la cámara catalana. La portavoz ha insistido en que el respeto a la decisión personal del expresidente es la prioridad del grupo, evitando adelantar escenarios sobre la estructura orgánica del liderazgo de Junts en el Parlament.
Este movimiento de Junts se produce en un momento de espera procesal, tras la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar el delito de malversación, una interpretación que la defensa de Puigdemont espera que sea revertida por el Tribunal Constitucional a la luz de los criterios fijados por la justicia europea sobre la malversación sin enriquecimiento personal y la protección de los intereses financieros de la Unión.
