El Gobierno aprueba el Real Decreto para reforzar la transparencia y previsibilidad en los contratos laborales

El Consejo de Ministros tiene prevista la aprobación este martes de un Real Decreto destinado a transponer la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo, introduce obligaciones adicionales para los empleadores, quienes deberán proporcionar una información más detallada y exhaustiva sobre las condiciones de trabajo desde el inicio de la relación laboral.

Uno de los cambios más significativos se centra en la regulación de los periodos de prueba. Aunque se mantiene el límite general de seis meses establecido en el Estatuto de los Trabajadores, la norma exige ahora que cualquier ampliación de dicho plazo a través de convenios colectivos esté debidamente justificada. El objetivo es causalizar este periodo, obligando a dejar constancia en el contrato de su duración exacta y de las pruebas específicas que el trabajador debe superar, evitando así el uso de esta figura para encubrir contratos temporales.

La normativa incorpora asimismo el derecho de los trabajadores a ser informados sobre el uso de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral. Las empresas deberán detallar las reglas y pautas de funcionamiento de estos sistemas cuando se utilicen para la toma de decisiones que afecten a la relación laboral, tales como la asignación de tareas, la promoción profesional, la reducción de jornada o el despido.

En cuanto al contenido de los contratos, el Real Decreto mandata la especificación de elementos centrales como la identidad de las partes, la categoría profesional, la distribución de la jornada y el desglose pormenorizado del salario. En sectores con horarios irregulares donde no sea posible concretar la jornada, la empresa deberá garantizar una previsibilidad mínima a través de preavisos o la fijación de jornadas mínimas de referencia.

Esta reforma llega tras cuatro años de retraso en la adaptación del ordenamiento español a la normativa comunitaria, situación que ha generado un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea. Con la entrada en vigor de esta norma, que deroga el anterior Real Decreto de 1998, el Gobierno busca modernizar el marco jurídico laboral y fortalecer la capacidad de reclamación individual de los trabajadores ante posibles incumplimientos empresariales.

El nuevo texto legal afectará a las relaciones laborales de más de cuatro semanas de duración y contempla disposiciones específicas para sectores como el pesquero, la marina mercante y los trabajadores contratados en España para ejercer su labor en el extranjero. Para los contratos vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, se establece un plazo de 30 días para que los empleados puedan solicitar a la empresa la actualización de la información que, según la nueva ley, deba constar por escrito.