viernes, junio 26, 2026
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Justicia confirma aviso a alcalde de Soria por registro UCO

El Tribunal de Soria notifica al Ayuntamiento la posibilidad de un registro en dependencias municipales

El Tribunal de Instancia de Soria remitió el pasado lunes, 22 de junio, un oficio al alcalde de la ciudad, Javier Antón, para poner en su conocimiento la posible práctica de una actuación de entrada y registro en las dependencias del Consistorio. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a través de un comunicado oficial, la notificación se realizó bajo una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las diligencias.

La comunicación judicial no concretó la fecha ni la hora prevista para la actuación, como tampoco detalló el objeto de las investigaciones, los hechos que se instruyen o las personas que podrían estar afectadas por la causa. Esta reserva de información responde a la necesidad de garantizar la eficacia de la instrucción penal y evitar la revelación de datos protegidos por el secreto de sumario.

El Tribunal Superior de Justicia ha fundamentado estas actuaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). En concreto, el alto tribunal citó el artículo 546, que faculta a los órganos judiciales para decretar la entrada en edificios públicos cuando existan indicios de que en ellos puedan hallarse pruebas, documentación o personas relacionadas con la comisión de un presunto delito.

Asimismo, el TSJ recordó que el artículo 547 de la citada ley incluye expresamente a los servicios oficiales de la Administración local y los municipios dentro de la categoría de lugares públicos. Por su parte, el artículo 564 establece que, en estos supuestos, el juez debe dirigirse a la autoridad responsable del lugar para posibilitar la práctica de la diligencia, lo que motivó el envío del oficio a la Alcaldía.

Ante el requerimiento judicial, el alcalde Javier Antón trasladó su total disponibilidad y colaboración con el tribunal. El regidor manifestó su compromiso de facilitar cuantas actuaciones sean necesarias dentro del marco legal, coordinando la entrega de información con la máxima diligencia y observando estrictamente las indicaciones de reserva contenidas en el oficio.

Desde el Tribunal Superior de Justicia se ha subrayado que este tipo de comunicaciones son un procedimiento reglado que busca asegurar tanto la confidencialidad como el éxito de las funciones judiciales. El comunicado concluye señalando que la actuación se limita a dar cumplimiento a las previsiones legales vigentes en el marco de una investigación penal en curso.

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