La investigación judicial sobre las actividades de Koldo García Izaguirre, quien fuera asesor de máxima confianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha revelado una vertiente que trasciende las adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados al sumario, García habría actuado de manera sistemática como un nodo de colocación laboral, gestionando la entrada de familiares, allegados y miembros vinculados al PSOE en diversas entidades públicas y administraciones.
Las diligencias judiciales sitúan el inicio de estas prácticas en junio de 2018, coincidiendo con la llegada del Partido Socialista al Gobierno tras la moción de censura. Los documentos intervenidos muestran que, apenas 20 días después del cambio de Ejecutivo, García comenzó a recibir peticiones de intermediación laboral que eludían los cauces ordinarios de selección de personal. Esta actividad se habría mantenido de forma sostenida durante su etapa en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Uno de los casos documentados con mayor detalle es el de Joseba García Izaguirre, hermano del exasesor. A pesar de presentar una trayectoria profesional ajena al sector de la ingeniería o las infraestructuras, fue contratado en 2019 por la empresa pública Ineco. Posteriormente, en marzo de 2022, pasó a formar parte de Emfesa, sociedad dependiente de ADIF, donde desempeñaba labores de mantenimiento y limpieza en Vitoria hasta el momento de su detención por parte de las autoridades judiciales.
La red de influencias investigada también alcanzó a cargos orgánicos del partido. El sumario recoge una misiva enviada por el ya fallecido exdiputado del PSPV-PSOE, José Camarasa, en la que solicitaba a Koldo García una salida laboral para su hijo. En dicha comunicación, se incluía un listado detallado de ayuntamientos madrileños bajo gestión socialista —entre ellos Leganés, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe—, sugiriendo que la mediación podría realizarse tanto de forma directa como a través de empresas concesionarias de servicios públicos en dichas localidades.
Asimismo, los terminales telefónicos intervenidos muestran que el exasesor recibía currículums de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En varios mensajes, agentes de la Policía Nacional solicitaban traslados o destinos específicos, como la unidad de Guías Caninos, apelando a la cercanía con García para agilizar los procesos de movilidad interna. El volumen de estas gestiones era tal que el propio asesor mantenía notas de seguimiento para monitorizar los perfiles profesionales que tenía pendientes de tramitación.
Para los investigadores, estas evidencias apuntan a la existencia de un circuito de favores que operaba al margen de los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. La causa judicial continúa analizando el alcance de estas colocaciones para determinar si existen responsabilidades penales derivadas del uso de recursos públicos y de la influencia política en la gestión de recursos humanos de la Administración y sus empresas satélites.
