El Consejo de Ministros remite al Congreso el proyecto de ley de integridad pública para reforzar la lucha contra la corrupción
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública para su remisión inmediata al Congreso de los Diputados. Esta iniciativa legislativa, que constituye uno de los pilares del plan estatal de regeneración democrática, tiene como objetivos fundamentales la prevención de prácticas ilícitas en la administración, la mejora de los sistemas de detección y el endurecimiento de las sanciones asociadas a la corrupción en la contratación y la gestión pública.
El eje central de la normativa es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Este nuevo organismo integrará funciones que hasta ahora se encontraban dispersas en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la IGAE, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Oficina de Conflictos de Intereses. Para garantizar su autonomía, la dirección de la agencia será designada mediante convocatoria pública y requerirá la ratificación del Congreso de los Diputados por mayoría reforzada.
Modificaciones legales y endurecimiento de penas
El proyecto de ley contempla la modificación de seis leyes orgánicas, incluyendo el Código Penal, el Régimen Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Entre las medidas de orden penal, destaca la ampliación del plazo de prescripción para determinados delitos relacionados con la corrupción, que pasará de cinco a siete años. Asimismo, se refuerzan los mecanismos de localización, preservación y decomiso de activos derivados de actividades ilícitas.
La reforma introduce sanciones de inhabilitación de hasta 20 años para obtener subvenciones o ayudas públicas, así como para contratar con el sector público o disfrutar de beneficios fiscales y de la Seguridad Social. Además, se endurecen los requisitos para el acceso al tercer grado penitenciario, vinculando la progresión de grado a la reparación efectiva del daño económico causado al erario público.
Control en la financiación de partidos y publicidad
En el ámbito de la financiación de las formaciones políticas, la ley establece la prohibición expresa de recibir fondos a través de criptoactivos. Del mismo modo, se incrementan las restricciones y los controles sobre la financiación proveniente de gobiernos o entidades públicas extranjeras. En cuanto a la comunicación política, el texto prohíbe la aceptación de publicidad gratuita en redes sociales y redefine el régimen sancionador para las donaciones no declaradas.
La transparencia corporativa es otro de los puntos destacados de la norma. Se implementarán nuevos sistemas de publicidad registral para identificar con claridad a los propietarios reales de las empresas y fiscalizar las transmisiones de participaciones. En la contratación pública, el Gobierno promoverá el uso de pliegos tipo y procedimientos estandarizados, además de profesionalizar las mesas de contratación para reducir la discrecionalidad.
Protección al informante y auditorías ciudadanas
La nueva legislación refuerza la protección de los denunciantes de corrupción, a quienes se les brindará respaldo mediante medidas cautelares frente a posibles represalias laborales o personales. El Estado proporcionará apoyo psicológico, financiero e indemnizaciones por daños y perjuicios o lucro cesante a quienes colaboren en el esclarecimiento de prácticas fraudulentas. Como novedad en la gestión de servicios, se habilitará la puesta en marcha de auditorías ciudadanas para fiscalizar la actividad de la administración.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que el texto cuenta con el asesoramiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ha incorporado aportaciones de la sociedad civil y organismos autonómicos. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha apelado a la voluntad de diálogo de los grupos parlamentarios para alcanzar el consenso necesario durante la tramitación de la ley en la Cámara Baja.
