El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha presentado un análisis crítico sobre el impacto del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, actualmente impulsado por el Ministerio de Sanidad. Según el informe, la normativa parte de un diagnóstico erróneo sobre el modelo sanitario catalán y advierte de que su implementación podría derivar en un deterioro funcional, competencial, económico y asistencial de la red sanitaria en Cataluña.
El estudio subraya que el debate planteado por el Gobierno central sobre la colaboración público-privada ignora la realidad histórica del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA, sostiene que este sistema no representa un proceso de privatización, sino la integración de fundaciones, consorcios y entidades civiles en una red de responsabilidad pública financiada y planificada por la Generalitat desde hace más de cuatro décadas.
La red actual del SISCAT, consolidada tras la asunción de competencias por parte de Cataluña en 1981, integra 68 hospitales de agudos, 434 centros de atención primaria, 102 centros sociosanitarios y 40 centros de salud mental. El análisis destaca que centros de referencia internacional como el Hospital Clínic, Vall d’Hebron, Sant Pau o Sant Joan de Déu fundamentan su éxito en modelos de gestión flexibles y autonomía organizativa, factores que el ICGEA considera en riesgo ante la nueva regulación estatal.
Desde el punto de vista jurídico y competencial, el informe alerta de que el anteproyecto podría suponer una «regresión centralista». Al convertir la gestión indirecta en una fórmula excepcional y condicionarla a nuevos requisitos administrativos, la ley podría entrar en conflicto con el Estatut d’Autonomia, que otorga a la Generalitat competencias exclusivas en la organización de su sistema de salud. Para el ICGEA, la definición de privatización incluida en el texto genera inseguridad jurídica para las entidades que integran el modelo catalán.
En el plano económico, el análisis proyecta consecuencias financieras de gran magnitud. El ICGEA recuerda que más del 24% del gasto sanitario público en Cataluña se canaliza a través de conciertos con entidades sin ánimo de lucro. La sustitución de este modelo obligaría a la administración autonómica a asumir directamente infraestructuras y la integración de más de 60.000 profesionales hoy bajo convenio SISCAT, lo que incrementaría los costes laborales y operativos en un sistema que ya presenta una fuerte tensión presupuestaria.
Finalmente, el Instituto advierte sobre el impacto asistencial inmediato. Con listas de espera que superan las 914.000 personas a finales de 2025 y una demora media quirúrgica de 142 días, el informe concluye que restringir la capacidad operativa de la red concertada no reforzará la sanidad pública, sino que agravará la presión asistencial. Sánchez Lambás recalca que la incertidumbre regulatoria ya está afectando a la planificación de inversiones y contrataciones en los centros sanitarios antes incluso de la aprobación parlamentaria de la norma.
