Óscar López denuncia irregularidades en la compra del ático de Chamberí y anuncia acciones legales
El secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha denunciado este jueves la supuesta «fabricación de informes» por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar la adquisición de un ático en el distrito de Chamberí. López ha calificado la situación de «extrema gravedad» y ha anunciado que los socialistas madrileños elevarán el caso ante la Justicia y el Tribunal de Cuentas.
Durante su intervención en la Asamblea de Madrid, el líder socialista ha sostenido que la compra del inmueble, valorada en más de seis millones de euros, se realizó presuntamente para el uso personal de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Según López, los informes que avalan la operación fueron elaborados «a posteriori» con el objetivo de dotar de una apariencia de legalidad a una transacción que considera plagada de irregularidades.
La reacción del ministro se produce tras las explicaciones ofrecidas en la cámara regional por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien defendió la regularidad del proceso administrativo. No obstante, para el titular de Transformación Digital, la falta de compradores actuales para la propiedad evidencia que se pagó un «precio exorbitado» con fondos públicos, lo que a su juicio compromete la gestión del Ejecutivo autonómico.
«La señora Ayuso no tiene escapatoria porque no hay informes previos favorables», ha aseverado López, quien ha insistido en que el único aval con el que contó la compra fue la «visita de la presidenta» al inmueble. El dirigente socialista ha reiterado su petición de dimisión para la jefa del Ejecutivo madrileño, argumentando que la acumulación de versiones contradictorias y la naturaleza de los hechos son «absolutamente incompatibles» con el ejercicio del cargo público.
Finalmente, el secretario general del PSOE-M ha subrayado que la vía judicial es necesaria para esclarecer si se han cometido delitos en la administración de los recursos de la Comunidad. La formación busca determinar si existió un desvío de fondos para beneficio particular en una operación inmobiliaria que, en palabras del ministro, «es lo que parece» y carece de una justificación técnica sólida que respalde el gasto realizado por la administración regional.
