La Comunidad de Madrid cifra en 12.367 millones la deuda del Estado con la región por servicios y compromisos legales
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha cuantificado en 12.367 millones de euros la deuda que el Gobierno de España mantiene con la administración regional. Esta cifra, que representa el 40% del presupuesto autonómico previsto para 2026, agrupa impagos en servicios públicos, prestaciones y diversos compromisos legales no atendidos por el Ejecutivo central, según los datos actualizados presentados este lunes ante los medios de comunicación.
El desglose de la deuda muestra que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra el mayor volumen de reclamaciones, con 6.276 millones de euros. De este importe, 4.513 millones corresponden al tope del Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023, mientras que 765 millones se deben al retraso en las entregas a cuenta de 2026 y 993 millones a la infrafinanciación de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En el ámbito de las políticas sociales, la Comunidad de Madrid denuncia un déficit de 2.668 millones de euros desde 2019 derivado del incumplimiento de la Ley de Dependencia. Según la normativa vigente, el Estado debe financiar el 50% del sistema, si bien el Ejecutivo autonómico sostiene que en la actualidad la aportación estatal solo cubre el 27,9% del gasto real en la región.
Por su parte, el área de Medio Ambiente reclama 2.785 millones de euros, de los cuales 1.580 millones se vinculan al tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 millones a obras de infraestructuras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERAR) de La China, Butarque y Sur. El resto de la deuda se distribuye entre el Consorcio Regional de Transportes (417 millones), Sanidad (149 millones), Justicia (61 millones) y Educación (10 millones).
Desde la Consejería de Economía se ha calificado la situación como una «falta de lealtad institucional», denunciando que el Gobierno central impone medidas de gasto sin la correspondiente dotación presupuestaria. Albert ha señalado que la ausencia de presupuestos generales no debe utilizarse como argumento para no actualizar las entregas a cuenta, obligando a las comunidades autónomas a recurrir a la financiación a corto plazo para sostener los servicios fundamentales.
Ante esta coyuntura, el Gobierno regional ha remitido una misiva al Ministerio de Hacienda solicitando la aprobación de un Real Decreto urgente y específico para regular estas transferencias. La administración madrileña ha incidido en que los servicios públicos «no están comprometidos» gracias a la reconfiguración de recursos y memorias económicas internas, pero alerta del impacto de futuras medidas estatales, como la reducción de la jornada laboral o las subidas salariales del personal público, que podrían sumar una carga de 2.000 millones de euros adicionales hasta 2028.
Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha criticado el impacto de las rebajas impositivas temporales en el IVA de la electricidad y carburantes, cuya recaudación está cedida parcialmente a las regiones, y que en el caso de Madrid supone una merma de ingresos estimada en 206 millones de euros sin compensación por parte del Estado.
