La Comunidad de Madrid recurre ante el Supremo el real decreto de reparto de menores migrantes
La Comunidad de Madrid ha formalizado ante el Tribunal Supremo un recurso contra el real decreto del pasado 29 de junio, mediante el cual el Gobierno de España actualizó la capacidad de los sistemas de acogida de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas. La impugnación, presentada por la Abogacía General de la región el pasado 1 de septiembre, ya ha sido admitida a trámite, según informó este miércoles el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín.
El recurso busca frenar la aplicación de las nuevas cuotas de reubicación establecidas por el Ministerio de Juventud e Infancia. De acuerdo con los datos actualizados en junio, el nuevo sistema asigna a Andalucía la mayor capacidad de acogida con .3009 menores, seguida de Cataluña con 2.829 y la Comunidad de Madrid con 2.471. El Gobierno regional pretende evitar que estos traslados se ejecuten mientras el tribunal resuelve sobre la constitucionalidad del marco normativo que los regula.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín argumentó que la decisión del Ejecutivo central supone una invasión de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de servicios sociales y protección de menores. El portavoz calificó la medida de «torticera» y señaló que el sistema de protección madrileño se encuentra actualmente sobrepasado en su capacidad operativa, instando al Gobierno de la nación a reforzar el control fronterizo.
Esta acción judicial se enmarca en una ofensiva legal más amplia por parte de la administración liderada por Isabel Díaz Ayuso. En la actualidad, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid mantiene abiertas seis actuaciones judiciales diferentes contra diversas decisiones adoptadas por el Gobierno de España en materia de política migratoria, alegando falta de coordinación y desbordamiento de los recursos públicos regionales.
El procedimiento, impulsado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila, queda ahora a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión y sobre las medidas cautelares solicitadas para suspender el reparto de los menores entre los distintos territorios autonómicos.
