La magistrada del caso David Sánchez solicita personarse como acusación en la investigación sobre la trama de Leire Díez

La magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y encargada de la instrucción que afectó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional su personación como acusación particular en la causa que investiga una presunta red coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez. La juez fundamenta su petición en la existencia de indicios que apuntan a una estrategia de hostigamiento y descrédito dirigida contra su persona para interferir en sus funciones judiciales.

En el escrito remitido al tribunal, al que han tenido acceso diversos medios de comunicación, Biedma sostiene que su condición de perjudicada deriva de actuaciones presuntamente orquestadas para obtener información sobre su entorno personal y profesional, promover denuncias infundadas y ejecutar maniobras de recusación en su contra. Según la magistrada, estas acciones estarían directamente vinculadas a su labor en el procedimiento judicial que investigaba al hermano del jefe del Ejecutivo, el cual concluyó con una condena de nueve años de inhabilitación para empleo público.

La causa en la que solicita personarse mantiene como investigados, además de a Leire Díez, a figuras vinculadas a la estructura orgánica del PSOE, entre ellos el secretario de Organización, Santos Cerdán; el exdirigente Gaspar Zarrías; y la gerente del partido, Ana María Fuentes. La investigación trata de esclarecer si existió una trama dedicada a «neutralizar, perturbar o destruir» procedimientos judiciales que resultaran incómodos para la formación política o el Gobierno.

Entre los elementos de prueba destacados en el escrito de la magistrada figura una anotación hallada en la agenda de Leire Díez con fecha del 25 de marzo de 2025. En dicha entrada se leía la frase: “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. Biedma considera este apunte «especialmente relevante», dado que se produjo apenas unos días después de que se rechazara un intento de recusación contra ella en el marco de la instrucción del caso David Sánchez.

La magistrada denuncia que ha sido objeto de una «intensa campaña de descrédito» desarrollada a través de publicaciones en medios digitales y la interposición de denuncias, lo que habría generado un perjuicio no solo personal y profesional, sino también de carácter «institucional de extraordinaria gravedad». En su argumentación, subraya que estas prácticas ponen en riesgo valores fundamentales como la independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales.

Finalmente, el escrito señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de obstrucción a la Justicia, contra la integridad moral, amenazas y coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y pertenencia a organización o grupo criminal. La Audiencia Nacional deberá decidir ahora sobre la admisión de la magistrada como parte procesal en esta pieza de investigación.