El Ministerio de Cultura inicia una investigación por presunto nepotismo en las ayudas al cómic
El Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Ernest Urtasun, ha admitido a trámite dos denuncias que señalan presuntas irregularidades y casos de nepotismo en la primera convocatoria de Ayudas a la Creación de Cómic. El procedimiento, que ya cuenta con un instructor asignado, pone el foco en la gestión de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, encabezada por María José Gálvez, debido a posibles conflictos de intereses en la adjudicación de las subvenciones públicas.
La controversia técnica y administrativa comenzó tras la descalificación de diversos candidatos que contaban con ayudas concedidas de forma provisional, motivada por una interpretación de las bases que el sector ha calificado de incierta. Sin embargo, las denuncias actuales apuntan a una supuesta quiebra de la imparcialidad exigida a los altos cargos, al haberse beneficiado a solicitantes con una estrecha vinculación institucional y política con el propio Ministerio de Cultura.
Uno de los puntos centrales de la investigación afecta a la concesión de 20.000 euros al proyecto de Carla Berrocal y la periodista Cristina Fallarás. Berrocal es dirigente del Colectivo de Autoras, organización que mantiene una interlocución recurrente con la Dirección General del Libro. La denuncia subraya que la proximidad entre la adjudicataria y la directora general, María José Gálvez, con quien ha compartido eventos internacionales, podría haber comprometido la objetividad del proceso de selección.
Asimismo, se ha puesto en tela de juicio la adjudicación de 15.000 euros a Verónica Álvarez, representante del colectivo de Profesionales de la Industria Franco Española (PIFS), integrado en la Sectorial del Cómic. La denuncia destaca que Álvarez mantiene reuniones de trabajo habituales con la directora general del Libro para negociar políticas sectoriales. El hecho de que Gálvez presidiera el jurado en un certamen donde las solicitudes no eran anónimas ha reforzado las dudas sobre la transparencia del procedimiento administrativo.
Desde el punto de vista jurídico, el procedimiento de concesión podría haber vulnerado los principios de igualdad de trato y transparencia recogidos en la Ley General de Subvenciones. La denuncia interna solicita al gabinete ministerial la revisión de las actas de las sesiones para descartar posibles influencias sobre el resto de los miembros de la comisión evaluadora. En caso de confirmarse las irregularidades, se ha instado a la revisión de oficio del acto de concesión y, si procede, a la revocación de las ayudas otorgadas.
María José Gálvez, doctora en Derecho y directora general del Libro desde 2020, se sitúa en el centro de esta crisis administrativa que afecta a una de las apuestas recientes del departamento de Urtasun para el fomento del sector. El Ministerio de Cultura deberá determinar ahora si la gestión de las listas y la composición del órgano colegiado cumplieron con los estándares de calidad y control exigidos para el manejo de fondos públicos.
