La diputada María Marín denuncia amenazas de muerte tras un vídeo sobre los derechos de los inmigrantes

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín, ha denunciado públicamente este martes el recibimiento de una serie de amenazas de muerte a través de su teléfono móvil. Según ha informado la formación política en un comunicado, los mensajes hostiles se produjeron tras la difusión de un vídeo en el que la parlamentaria defendía los derechos humanos de las personas migrantes en Ceuta.

El contenido de las amenazas, recibido durante la pasada semana, incluye advertencias explícitas de violencia física severa. Entre las frases remitidas a la diputada se encuentran expresiones como «vas a recibir una paliza brutal con una barra de acero inoxidable» y «te van a romper todos los huesos». El texto también incluye proclamas de carácter ideológico, señalando que el objetivo es «eliminar a todos los que apoyan la invasión a España».

Ante la gravedad de lo ocurrido, la parlamentaria ha avanzado que procederá a denunciar los hechos ante las dependencias de la Policía Nacional. Marín ha recordado que esta situación no es aislada, ya que en abril de 2021 sufrió un episodio similar de hostigamiento masivo en redes sociales tras el ataque con un cóctel molotov contra la sede de Podemos en Cartagena.

En aquel contexto, las investigaciones policiales derivaron en la detención de un residente de Cartagena como presunto autor de la agresión contra el local político. En el registro de su domicilio, los agentes hallaron armas blancas y propaganda de orientación ultraderechista, hechos que la diputada ha puesto en relieve para contextualizar el clima de agresividad que percibe en la actualidad.

A pesar de las amenazas recibidas, María Marín ha manifestado que mantendrá firmes sus posiciones políticas y sus intervenciones públicas. La legisladora ha subrayado que su postura defiende simultáneamente la soberanía española de la ciudad autónoma y los derechos humanos, denunciando el uso de las crisis humanitarias y de las personas migrantes por parte de terceros actores para sus propios intereses.

La denuncia de la diputada autonómica se suma a otros incidentes recientes de acoso contra representantes públicos en el ejercicio de sus funciones, un fenómeno que los grupos parlamentarios siguen con atención ante el incremento de la crispación en el debate político nacional y regional.