El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha interpuesto una acción pública ante el Tribunal de Cuentas para solicitar la depuración de posibles responsabilidades contables derivadas de la adquisición de un ático por parte de la Comunidad de Madrid. La operación, realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid, supuso un desembolso de 6,3 millones de euros para un inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, cuya utilidad y gestión económica son ahora objeto de cuestionamiento legal por parte de la formación política.
La denuncia presentada ante el órgano fiscalizador reclama la práctica de actuaciones previas para determinar si la compra y la posterior decisión de venta han ocasionado un perjuicio efectivo a los fondos públicos autonómicos. Según el escrito, Más Madrid sostiene que la operación presenta indicios objetivos de un posible menoscabo de caudales públicos, instando a la reconstrucción técnica de la transacción para identificar la cuantía del eventual daño y a sus responsables directos.
El inmueble en cuestión, que cuenta con una superficie de 485 metros cuadrados y aproximadamente 200 metros adicionales de terraza, fue adquirido el 14 de abril de 2024 por la sociedad pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. La justificación administrativa para la compra se basó en la necesidad de albergar dependencias temporales para la Presidencia de la Comunidad durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. No obstante, la formación denunciante subraya que el ático no ha llegado a utilizarse para tal fin y ya ha sido anunciada la intención del Gobierno regional de proceder a su enajenación.
En términos financieros, la acción pública advierte de que el coste total de la operación superaría la cifra de compra inicial de 6,3 millones de euros. Al sumar los gastos derivados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, notaría, gestoría y mantenimiento, la inversión provisional se situaría en un rango de entre 6,682 y 6,687 millones de euros. El documento estima que una posterior venta por el precio anunciado de 6,7 millones podría generar una pérdida neta cercana a los 364.500 euros para el erario público, una vez descontadas las comisiones de intermediación y los costes tributarios asociados a la venta.
Otro de los ejes de la reclamación reside en la adecuación urbanística del activo. El escrito señala una discrepancia entre la finalidad administrativa declarada y el uso catastral del inmueble, que figura clasificado como residencial. Por ello, se solicita que el Tribunal de Cuentas verifique si el ático podía destinarse legalmente a actividades de oficina en el momento de la adquisición y si se realizaron informes técnicos, jurídicos y económicos que avalaran la idoneidad del precio y la conveniencia de la compra frente a otras alternativas como el arrendamiento.
Respecto a la determinación de responsabilidades, Más Madrid identifica en su escrito a los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid, órgano competente para la adquisición de bienes inmuebles. Entre los nombres citados figura el presidente del consejo y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Asimismo, se menciona a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a efectos de determinar su posible intervención en la definición de la necesidad pública que motivó la operación.
Finalmente, el Grupo Parlamentario ha solicitado al Tribunal de Cuentas la remisión urgente del expediente completo de la compraventa, incluyendo actas de negociación, tasaciones, contratos de intermediación y los informes que justificaron la decisión de vender el activo apenas cuatro meses después de su compra. La solicitud de urgencia se fundamenta en evitar que la venta efectiva del inmueble pueda consolidar consecuencias patrimoniales que dificulten la investigación de los hechos.
