Ministros del Gobierno califican de «insólita» la condena de inhabilitación a David Sánchez

Los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ana Redondo han manifestado este miércoles su firme desacuerdo con la sentencia que impone nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Los integrantes del Ejecutivo han tildado la resolución de «insólita» y «aberración», sosteniendo que el fallo carece de base probatoria y confiando en que el recurso de apelación permitirá esclarecer los hechos juzgados por la Audiencia de Badajoz.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha liderado las críticas desde el Congreso de los Diputados, donde ha calificado la sentencia como un ataque al Estado de derecho. Según García, no existe «ni una sola prueba» que sustente la condena y ha sugerido la existencia de una motivación política subyacente. A juicio de la titular de Sanidad, la inhabilitación se produce por la relación de parentesco del encausado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En términos similares se ha expresado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En una entrevista concedida a Antena 3, el ministro ha descrito el procedimiento judicial referente a la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz como «bastante sorprendente». Bustinduy ha reconocido no comprender los fundamentos de lo juzgado, aunque ha matizado que la estrategia de defensa, a través del recurso anunciado, es la vía oportuna para demostrar la inocencia del procesado.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha enmarcado la condena dentro de una «persecución constante» a la familia del jefe del Ejecutivo. Durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, Redondo ha afirmado que la resolución judicial refuerza la percepción de parcialidad en ciertos sectores de la judicatura. La ministra ha incidido en que «no se ha podido probar prácticamente nada», por lo que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rectifique el fallo inicial.

El caso, que se centra en las irregularidades señaladas en la contratación de David Sánchez por la institución provincial pacense, entra ahora en una nueva fase jurídica. Los representantes ministeriales coinciden en que la instancia superior deberá valorar la ausencia de evidencias señalada por la defensa y restablecer el criterio de legalidad en un proceso que califican de excepcional en el marco democrático.