Sanidad rechaza reiniciar la negociación del Estatuto Marco pese a la petición de las comunidades
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha descartado este miércoles retomar desde el inicio la negociación de la reforma del Estatuto Marco, el marco normativo que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Durante la reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, García ha rechazado de forma tajante la solicitud unánime de las comunidades autónomas, que instaban al Ministerio a «poner el marcador a cero» para buscar un texto de mayor consenso que evitara el conflicto con el colectivo médico.
La propuesta autonómica fue presentada por la consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, quien actuó como portavoz del posicionamiento común de las regiones. Las consejerías consideran necesario reiniciar el proceso bajo una metodología que garantice la participación efectiva de todas las partes y resulte en un modelo equilibrado y sostenible para el conjunto del sistema. Esta petición surge tras el anuncio de los sindicatos médicos de retomar las huelgas en otoño si no se retira el texto actual, exigiendo un estatuto propio que recoja sus especificidades profesionales.
La ministra ha justificado su negativa alegando que no está dispuesta a romper los acuerdos ya alcanzados con las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación (SATSE, FSS-CCOO, UGT y CSIF). García ha advertido que reiniciar los trámites supondría «saltarse la ley» y dejar en suspenso las mejoras laborales durante toda la legislatura, lo que a su juicio representaría una «traición» a las demandas de los profesionales sanitarios que han trabajado en este borrador durante los últimos tres años.
En el transcurso del debate, la titular de Sanidad ha criticado la postura de las comunidades autónomas respecto a la eliminación de las guardias de 24 horas y la regulación de la jornada laboral. García ha calificado como «destructivo» para el sistema el mantenimiento del estatuto vigente desde el año 2003 y ha reprochado a las autonomías que soliciten la retirada de artículos clave mientras, simultáneamente, culpan al Ministerio de no atender las reivindicaciones del sector.
Finalmente, el Ministerio de Sanidad ha reafirmado que el contexto actual de crecimiento económico y el volumen de transferencias a las comunidades ofrecen las «condiciones perfectas» para culminar la reforma. Con esta decisión, el Ejecutivo central mantiene su hoja de ruta legislativa pese a la oposición de los gobiernos regionales y la amenaza de conflicto sindical que persiste entre los facultativos de todo el territorio nacional.
