La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha generado una intensa controversia tras calificar como «accidente laboral» el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil durante una persecución a una narcolancha en las costas de Huelva. Estas declaraciones, realizadas en el transcurso del debate electoral televisado en Canal Sur, han provocado el rechazo de las organizaciones profesionales de las fuerzas de seguridad y de los principales grupos de la oposición.
Durante su intervención en el bloque dedicado a los servicios públicos, Montero vinculó la muerte de los agentes con la siniestralidad laboral en la comunidad autónoma. «Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida», afirmó la candidata socialista. Esta postura fue compartida parcialmente por los representantes de Por Andalucía y Adelante Andalucía, quienes también relacionaron el suceso con la precariedad y los riesgos laborales en la región.
La respuesta de los colectivos policiales no se hizo esperar. El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, calificó las palabras de Montero como un «auténtico escándalo» y un «bochorno», argumentando que los guardias civiles fallecieron en acto de servicio y en el marco de la lucha contra el crimen organizado. La organización subrayó que calificar la muerte en combate contra el narcotráfico como un simple accidente laboral supone una falta de respeto a la memoria de los agentes y a sus familias.
En el plano político, el candidato del PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, replicó a Montero señalando que la defensa de lo público debe traducirse en la dotación de medios materiales y humanos suficientes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su parte, el candidato de Vox, Manuel Gavira, calificó el suceso de «asesinato» y lo atribuyó a la insuficiencia de las políticas de seguridad del Gobierno central, mientras criticaba la gestión del luto oficial por parte de la administración autonómica.
Desde el ámbito profesional, la asociación Jucil ha reiterado la necesidad de que los agentes que operan en zonas de alta conflictividad, como el Estrecho de Gibraltar y Huelva, sean dotados de medios específicos de protección, incluyendo embarcaciones adecuadas, armamento largo y chalecos de flotabilidad. Asimismo, la asociación ha vuelto a reclamar la declaración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como profesión de riesgo, una demanda que busca mayor protección jurídica y administrativa para los agentes.
El debate ha puesto de manifiesto la disparidad de criterios entre las formaciones políticas sobre el tratamiento institucional de las víctimas del narcotráfico. Mientras que el bloque de izquierdas ha centrado su discurso en la seguridad laboral y la dotación de efectivos, los partidos de centro-derecha y derecha han enfatizado la necesidad de una respuesta penal y operativa más contundente frente a las mafias que operan en el litoral andaluz.
