Ministerio Público inicia investigación tras confirmarse muerte de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia estatal
El Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal y la pronta exhumación del cadáver de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte en custodia del Estado fue confirmada oficialmente este jueves, casi un año después de haber ocurrido. El fallecimiento de Quero, quien permaneció meses en paradero desconocido según denuncias de familiares y organizaciones no gubernamentales, ha generado un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo exigiendo transparencia y una reforma profunda al sistema penitenciario.
La Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos será la encargada de dirigir las pesquisas para determinar las circunstancias exactas del deceso. El anuncio se produce luego de que la Defensoría del Pueblo calificara el hecho como un acontecimiento trágico que evidencia «debilidades institucionales» y la necesidad de erradicar los abusos y la impunidad en el país, bajo el actual marco de reformas promovido por el Ejecutivo Nacional.
Cronología de la detención y el deceso
Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, fue detenido en enero de 2025. Según registros de la organización Foro Penal, su arresto estuvo vinculado a su pasado institucional como exmiembro del servicio militar en el año 2023. Desde su detención, permaneció recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, cercano a la ciudad de Caracas.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio del Servicio Penitenciario, el interno fue trasladado a un centro hospitalario el 15 de julio de 2025 tras presentar un cuadro de hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. El informe oficial indica que el deceso se produjo diez días después debido a una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar. La institución justificó la falta de notificación oportuna alegando que el detenido no suministró datos filiatorios y que ningún familiar se presentó para solicitar visitas formales durante su reclusión.
Cuestionamientos a la versión oficial
La versión ministerial ha sido rebatida por diversas organizaciones de derechos humanos y representantes políticos. Carmen Navas, madre del fallecido, sostuvo durante meses que realizó múltiples gestiones ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para localizar a su hijo. Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, denunció que el paradero de Quero fue negado repetidamente en las instalaciones de El Rodeo I, calificando el manejo del caso como una «ejecución administrativa del olvido».
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que el argumento de la falta de vínculos familiares carece de sustento documental, dado el historial de diligencias realizadas por los allegados ante las autoridades competentes. En la misma línea, sectores de la oposición han calificado el suceso como una desaparición forzada, exigiendo que las investigaciones alcancen a las altas autoridades del sistema penitenciario y judicial.
Contexto de los presos políticos en Venezuela
La muerte de Quero Navas se suma a una lista de 17 personas calificadas como presos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado desde el año 2014, según datos recopilados por organizaciones civiles. Este hecho ocurre en un contexto político complejo, donde a pesar de la aprobación de una Ley de Amnistía el pasado febrero, las ONG aún contabilizan 454 personas detenidas por motivos políticos en el país.
El caso ha puesto bajo escrutinio la eficacia de las reformas judiciales impulsadas por la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mientras organismos internacionales y actores locales instan a que la investigación iniciada por el Ministerio Público sea independiente, exhaustiva y permita determinar responsabilidades penales de manera transparente.
