Una empresaria ratifica ante la Audiencia Nacional presuntas ofertas de dinero para ocultar entregas en Ferraz

La empresaria Carmen Pano ha ratificado este lunes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que recibió ofertas económicas para retractarse de sus afirmaciones sobre el presunto traslado de 90.000 euros en efectivo a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz. Según fuentes jurídicas consultadas tras la comparecencia, la testigo insistió en que tanto a ella como a su chófer se les habrían ofrecido cantidades que suman aproximadamente 250.000 euros con el objetivo de alterar su versión en sede judicial.

La declaración se enmarca en el denominado «caso Leire Díez», en el cual el magistrado investiga supuestas maniobras destinadas a desbaratar causas judiciales que afectan a exmiembros del Gobierno y del Partido Socialista. Pano reiteró ante el juez lo manifestado previamente ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señalando que la finalidad de los pagos ofrecidos era evitar que sus testimonios perjudicaran al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García.

Durante la comparecencia, la empresaria identificó a la abogada Leticia de la Hoz, defensora del exasesor ministerial, como la persona que presuntamente habría trasladado el ofrecimiento de fondos en una reunión. Según el testimonio de Pano, la letrada le habría indicado que había «gente del partido» interesada en que se negaran las entregas de dinero en efectivo para «salvar» a los antiguos responsables de Transportes.

En cuanto a la cuantificación de las supuestas prebendas, la testigo cifró el montante en unos 250.000 euros. Esta cantidad resultaría de la suma de diversas peticiones planteadas durante la negociación, que incluían 25.000 euros para la boda de la hija de la empresaria, el pago de un alquiler mensual de entre 2.500 y 2.800 euros para su vivienda, y una partida de 15.000 euros destinada a que su chófer pudiera adquirir un vehículo.

Por su parte, el chófer, de apellido Gallego, también compareció este lunes en calidad de testigo ante el juez Pedraz. Fuentes jurídicas confirmaron que el empleado ratificó la existencia de estas ofertas y admitió que llegaron a contemplar la posibilidad de aceptar el dinero dada su situación económica, aunque finalmente decidieron rechazar la propuesta y mantener la versión aportada originalmente a los agentes de la UCO.

Estas declaraciones se incorporan ahora a la instrucción del caso, que busca determinar si existió una estrategia coordinada para interferir en las investigaciones sobre corrupción que afectan al entorno del anterior Ministerio de Transportes. La causa principal continúa su curso mientras el magistrado analiza la veracidad de estos nuevos testimonios y las posibles responsabilidades penales derivadas de un presunto intento de obstrucción a la justicia.