La Audiencia Nacional exonera a dos mandos policiales en el caso Kitchen tras la retirada de cargos de las acusaciones

La magistrada presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la pieza separada número 7 del caso Villarejo, conocida como «operación Kitchen», ha acordado la exoneración de los inspectores de Policía José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. La decisión se fundamenta en la retirada de los cargos por parte de la Abogacía del Estado, así como de las acusaciones particulares y populares ejercidas por Luis Bárcenas, el PSOE y Podemos.

Hasta este cambio de postura en la fase final del procedimiento, las acusaciones solicitaban penas de hasta 42 años de prisión para ambos mandos policiales. Se les atribuían presuntos delitos de obstrucción a la justicia y encubrimiento por su supuesta participación en la trama parapolicial diseñada desde el Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relativa a la contabilidad interna de la formación política.

Durante la vista oral, los dos inspectores jefes, que desempeñaron funciones en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, negaron taxativamente cualquier conocimiento sobre el operativo. En sus declaraciones, rechazaron tener constancia de la captación del chofer de la familia Bárcenas como confidente, así como de los seguimientos realizados a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias. Asimismo, desvincularon su actividad de un correo electrónico de 2015 que les situaba como receptores de información sobre las investigaciones de las tramas Kitchen y Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha mantenido desde el inicio de la instrucción que no existían indicios de criminalidad suficientes para sostener una acusación contra Fuentes Gago y Díaz Sevillano. Por este motivo, el Ministerio Público ha reiterado su petición de sobreseimiento para ambos, una postura que finalmente ha sido secundada por el resto de las partes acusadoras, lo que ha derivado en su inmediata exclusión del proceso judicial.

Pese a estas exoneraciones, el fiscal César de Rivas ha ratificado sus conclusiones provisionales para el resto de los procesados de la cúpula de Interior durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de prisión para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por delitos de encubrimiento, malversación de caudales públicos y vulneración de la intimidad.

La solicitud de pena más elevada recae sobre el excomisario José Manuel Villarejo, para quien el Ministerio Público reclama un total de 19 años de cárcel. La misma petición de 15 años se extiende al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y al exasesor Andrés Gómez Gordo, al considerarlos piezas clave en la estructura que presuntamente utilizó fondos reservados para el espionaje ilegal al entorno de la familia Bárcenas.

Con la exclusión de los dos inspectores, el juicio encara su recta final centrado en determinar la responsabilidad de los máximos responsables políticos y policiales en el uso de recursos del Estado para fines presuntamente ajenos al interés general y vinculados a la protección de intereses de partido.