La Justicia de El Hierro autoriza el internamiento de 82 migrantes para su repatriación a Senegal

El Juzgado de El Hierro ha dictado el internamiento de 82 ciudadanos de origen senegalés con el objetivo de proceder a su expulsión del territorio nacional. Esta resolución judicial, emitida tras la petición de la Policía Nacional y el respaldo del Ministerio Fiscal, constituye el primer expediente de expulsión masiva en las Islas Canarias desde la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. El procedimiento afecta a la mayoría de los ocupantes de un cayuco que arribó recientemente a la isla con 119 personas a bordo.

Los autos judiciales, redactados por los magistrados sustitutos Antonio Mazuecos y Antonio Doreste, fundamentan la decisión en la legislación española vigente en materia de Extranjería, aunque hacen mención expresa al Pacto Europeo de Migración y Asilo como marco normativo de aplicación directa. La medida de internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) se considera, bajo el criterio judicial, una disposición «plenamente justificada» y proporcionada para garantizar la ejecución de la orden de retorno.

La principal novedad en la gestión de este contingente radica en el cambio de estrategia de la Policía Nacional. Según fuentes de la Fiscalía, la solicitud de internamiento responde a la existencia de garantías diplomáticas por parte del Gobierno de Senegal para aceptar la devolución forzosa de sus nacionales a Dakar. Esta certidumbre técnica es el factor que permite cumplir con el principio de proporcionalidad, ya que el juzgado no podría autorizar una retención de hasta 60 días si existieran dudas razonables sobre la viabilidad de la expulsión en dicho plazo.

En términos estadísticos, el giro procedimental busca corregir la brecha entre las llegadas irregulares y las repatriaciones efectivas. De acuerdo con datos de Eurostat, durante el año anterior España logró ejecutar la expulsión de 5.705 personas a nivel nacional, una cifra significativamente inferior a las 17.788 llegadas registradas exclusivamente en las costas de Canarias mediante embarcaciones precarias. Los obstáculos administrativos impuestos habitualmente por los países de origen habían limitado hasta ahora el uso de esta vía legal.

No obstante, el procedimiento ha suscitado observaciones por parte de colectivos jurídicos y organizaciones no gubernamentales. Los abogados expertos en extranjería cuestionan la autorización judicial que permite mantener a los afectados en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en El Hierro, hasta que se tramite su traslado a un CIE. Las críticas se centran en la idoneidad de estas instalaciones, compuestas mayoritariamente por tiendas de campaña, y en la legalidad de prolongar la estancia en un CATE más allá de las 72 horas destinadas a la identificación policial.

Finalmente, el proceso judicial ha contemplado la protección de colectivos vulnerables. De las 87 personas que inicialmente pasaron a disposición del juzgado para este trámite, cinco fueron reintegradas en el sistema de acogida humanitaria tras acreditarse su minoría de edad mediante pruebas médicas realizadas en el hospital de Valverde. El resto de los adultos permanecerán bajo custodia policial a la espera de que se ejecute su traslado y posterior repatriación al país de origen.