Belarra exige al Gobierno una condena firme por la interceptación israelí de la Flotilla Global Sumud
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha solicitado formalmente este jueves al Gobierno de España una condena «sin fisuras» ante la intervención de las fuerzas israelíes contra la Flotilla Global Sumud. La dirigente ha calificado de «secuestro en aguas europeas» la operación que derivó en la detención de cerca de 175 activistas internacionales que se dirigían hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
La operación, confirmada por el Ministerio de Exteriores de Israel, tuvo lugar en las proximidades de las costas de Grecia, a una distancia aproximada de 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza. Según ha denunciado Belarra en los pasillos del Congreso, la interceptación de la veintena de embarcaciones representa una incursión en espacios marítimos cercanos a la Unión Europea, lo que la ha llevado a instar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a actuar de manera inmediata para proteger a los integrantes de la expedición.
Entre los activistas retenidos se encuentra Pablo Quesada, miembro de la dirección de Podemos. Belarra ha manifestado su preocupación por lo que considera una «impunidad» creciente en las acciones militares israelíes, advirtiendo que la ausencia de una respuesta diplomática contundente podría sentar un precedente sobre la seguridad de los activistas pro-palestinos en territorio europeo.
En respuesta a estos acontecimientos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la activación de los protocolos de asistencia a través de la embajada española en Israel. El departamento que dirige José Manuel Albares se encuentra ya trabajando para dar cobertura y asistencia consular a los ciudadanos españoles que puedan figurar entre los detenidos tras el abordaje de la flota.
La líder de la formación morada ha vinculado este suceso con la necesidad de «parar los pies» a las autoridades israelíes, criticando que la intervención se haya producido «a las puertas de Europa». Belarra ha cuestionado si la falta de medidas internacionales permitirá que acciones de esta naturaleza se trasladen en el futuro a puertos españoles como los de Valencia o Barcelona.
