El Ministerio del Interior ha ordenado el repliegue de aproximadamente 210 agentes de las unidades de intervención destacados en Ceuta y Melilla para atender las crecientes necesidades de seguridad ciudadana en la Península. Esta maniobra supone la retirada de los refuerzos extraordinarios que fueron desplegados en las ciudades autónomas tras los incidentes fronterizos del periodo estival, reubicándolos ahora ante las demandas operativas derivadas de la proximidad de los comicios generales.
La decisión ha reabierto el debate sobre la estabilidad de las plantillas en las fronteras terrestres del sur de España. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha manifestado que la movilidad constante de efectivos entre territorios permite cubrir urgencias puntuales, pero no resuelve las carencias estructurales de personal. La organización reclama una planificación que deje de supeditar la seguridad de Ceuta y Melilla a las contingencias que surjan en el resto del territorio nacional.
Según los datos del operativo, el repliegue afecta a 160 efectivos en Ceuta y a unos 50 en Melilla, pertenecientes mayoritariamente a las Unidades de Intervención Policial (UIP) y a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Estos agentes se encontraban en comisión de servicio para reforzar la vigilancia fronteriza, una labor que ahora deberá ser gestionada por las dotaciones permanentes, apoyadas por las unidades que aún permanecen en la zona.
Los representantes sindicales denuncian que el catálogo oficial de puestos de trabajo no refleja la operatividad real de las plantillas en las ciudades autónomas. En el caso de Melilla, aunque el catálogo supera los 600 efectivos, una parte significativa de estos funcionarios desempeña tareas administrativas o especialidades que no guardan relación directa con el control fronterizo. Por ello, el SUP ha instado a una revisión de la distribución de plazas para priorizar las funciones de identificación, vigilancia y respuesta ante intentos de entrada masiva.
Asimismo, el conflicto laboral se extiende a las condiciones logísticas de los desplazamientos. Organizaciones como JUPOL y la Confederación Española de Policía (CEP) han señalado deficiencias en el alojamiento facilitado en dependencias militares y la obsolescencia de las dietas de manutención. Los funcionarios desplazados perciben actualmente una asignación diaria de 77,13 euros, una cuantía congelada desde el año 2005 que, según los sindicatos, obliga a los agentes a costear de su propio bolsillo la diferencia ante el encarecimiento de los servicios de hostelería.
La situación actual deja en Melilla una unidad de apoyo de la UIP, junto a dos unidades permanentes de la UPR y dos pelotones del GRS. En Ceuta, la salida de los refuerzos afecta a dos unidades de la UIP y tres pelotones del GRS, lo que sitúa el foco informativo sobre la capacidad de respuesta de las plantillas locales ante posibles picos de presión migratoria durante los próximos meses.
