El Partido Popular y Vox exigen la dimisión de la presidenta de la SEPI tras su imputación judicial

El Partido Popular (PP) y Vox han solicitado formalmente este martes la dimisión de Belén Gualda como presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La petición se produce tras la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de imputar a Gualda y a otros 24 miembros del organismo en el marco de la investigación judicial conocida como el «caso Leire Díez».

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha calificado la situación institucional de «tremendamente grave». En declaraciones a los medios, Fúnez ha señalado que los hechos ponen de manifiesto una voluntad de «ocupar las instituciones» por parte del actual Ejecutivo. Asimismo, la representante popular ha instado al secretario de Estado de Hacienda, Arcadi España, a que aproveche su comparecencia programada para hoy en el Senado para anunciar que la presidenta de la SEPI ha abandonado su cargo.

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha subrayado en una entrevista televisiva que la continuidad de Gualda es incompatible con la gestión de una entidad estratégica para el sector público. Bravo ha manifestado que la presidenta debería renunciar por respeto a la institución y que, de no hacerlo, el Gobierno tiene la obligación de actuar. «Ellos sabrán por qué no lo hacen o qué necesitan tapar», ha añadido el dirigente popular en referencia a la falta de decisiones por parte del Ejecutivo central.

Desde el grupo parlamentario Vox, el secretario general José María Figaredo ha definido la imputación como «la crónica de una muerte anunciada». Figaredo ha enmarcado este procedimiento judicial dentro de una supuesta trama de corrupción que afectaría al entorno del Gobierno y del PSOE, exigiendo que los responsables cesen en sus funciones y se pongan a disposición de la justicia de manera inmediata.

La resolución del juez Pedraz sitúa a la cúpula de la SEPI bajo el foco judicial, lo que ha generado un incremento de la presión política sobre el Ministerio de Hacienda, departamento del que depende el organismo. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial sobre la continuidad de Belén Gualda al frente de la entidad encargada de gestionar las participaciones empresariales del Estado.