El PP solicita explicaciones al Gobierno en el Senado por la no extradición del empresario Alejandro Hamlyn
El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado la presentación de una serie de iniciativas en el Senado para que el Gobierno aclare los motivos por los cuales no se tramitó la solicitud de extradición del empresario Alejandro Hamlyn. El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, ha confirmado este miércoles que su formación pedirá detalles sobre los criterios técnicos o administrativos que justificaron que el Ministerio de Justicia no elevara al Consejo de Ministros la propuesta para su entrega a España.
Hamlyn, que fue localizado y detenido por Interpol, se encuentra vinculado a las investigaciones judiciales por el presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, una causa que actualmente es objeto de seguimiento parlamentario en la Cámara Alta. La formación de la oposición busca determinar si la decisión de no reclamar al empresario responde a una justificación procedimental o si, por el contrario, existen motivaciones de carácter político detrás de esta resolución.
En su comparecencia, De Andrés ha incidido en la relevancia de las actividades de Hamlyn en Vizcaya a través del Grupo Hafesa. Según el dirigente popular, es necesario investigar la gestión de la Hacienda foral en relación con una supuesta condonación de 225 millones de euros en concepto de IVA e impuestos especiales sobre hidrocarburos. Desde el PP se sostiene que la renuncia a la extradición alimenta las sospechas sobre posibles vínculos que afectarían a la financiación y gestión de otras formaciones políticas, específicamente mencionando al PNV y al PSOE.
La batería de preguntas que se registrarán en el Senado incluye una petición directa al Ejecutivo para que garantice que la actuación de los ministerios implicados no ha respondido a una «voluntad política deliberada» para evitar el retorno de Hamlyn a España. El Partido Popular cuestiona si el testimonio del empresario podría comprometer a antiguos cargos públicos o aportar información sensible sobre las denominadas «cloacas socialistas» y las investigaciones en curso sobre fraude fiscal.
Finalmente, la iniciativa parlamentaria pretende arrojar luz sobre si la inacción administrativa en este proceso de extradición supone una excepcionalidad dentro de la práctica habitual de cooperación jurídica internacional. El caso se encuadra en una estrategia de control al Gobierno que el principal partido de la oposición ha intensificado en el Senado, aprovechando su mayoría en la cámara para fiscalizar las ramificaciones del caso de los hidrocarburos y su impacto en las arcas públicas.
