Pradales insta a consolidar un «suelo ético común» tras las detenciones por terrorismo en Irún

El lehendakari, Imanol Pradales, ha manifestado este viernes su profunda preocupación ante la reciente detención de dos personas en Irún acusadas de delitos de terrorismo. Durante su intervención en el pleno de control del Parlamento Vasco, el mandatario ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para deslegitimar y condenar cualquier forma de violencia, calificando esta postura como un «imperativo democrático, social y político» esencial para la convivencia.

La declaración del jefe del Ejecutivo autonómico se produce tras el arresto, el pasado sábado, de Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez. Ambos jóvenes están vinculados a la organización Jardun, una escisión de la izquierda abertzale que mantiene una línea crítica con la estrategia oficial actual. Pradales ha subrayado la necesidad de aceptar un «suelo ético común» que rechace de forma unánime estas prácticas delictivas.

El debate parlamentario ha surgido a raíz de una pregunta formulada por la representante de Vox, Amaia Martínez. La parlamentaria ha cuestionado la gestión del Departamento de Seguridad y ha criticado la política penitenciaria del Gobierno Vasco. Según Martínez, las actuaciones del Ejecutivo estarían orientadas a favorecer la excarcelación de presos de la extinta organización terrorista ETA, extremo que ha sido rechazado por el lehendakari.

En su respuesta, Pradales ha defendido la gestión institucional y ha reafirmado el compromiso «sincero» de su Gobierno con las víctimas del terrorismo. Ha señalado que la prioridad de su gabinete es acompañar a los damnificados, situarlos en el centro de las políticas públicas y evitar, bajo cualquier circunstancia, su revictimización. «Debemos ponernos en su piel, por incómodo que esto sea», ha aseverado ante la Cámara.

Finalmente, el lehendakari ha solicitado a la representante de Vox que cese en el uso de las víctimas con fines partidistas. Pradales ha recordado que numerosas asociaciones de afectados han reclamado de forma recurrente que no se utilicen sus vivencias para obtener réditos políticos, instando a mantener el respeto institucional y la unidad frente al fenómeno terrorista y sus consecuencias sociales.