Las acusaciones del caso Plus Ultra solicitan prisión provisional para el expresidente Rodríguez Zapatero
Las acusaciones populares que forman parte del procedimiento judicial por el rescate de la aerolínea Plus Ultra —Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa— han solicitado este miércoles al Partido Popular que demande la medida de prisión provisional para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La petición se produce en la antesala de su declaración como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas públicas y el hallazgo de bienes no declarados.
La potestad para formular esta solicitud en la vistilla de medidas cautelares recae sobre el Partido Popular, formación a la que el instructor ha otorgado la dirección y representación del bloque de las acusaciones populares en el proceso. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el PP ha mantenido contactos con el resto de las partes para pulsar su posición antes de entrar en la sala, dado que el juez Calama ha limitado la presencia física en el interrogatorio únicamente a la representación de los populares.
El magistrado atribuye a Rodríguez Zapatero la presunta dirección de una red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo a la aerolínea Plus Ultra durante la crisis sanitaria de la pandemia. Adicionalmente, el expresidente es investigado por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras la incautación policial de un lote de joyas, tasadas en 1,3 millones de euros, que fueron localizadas en una caja fuerte de su despacho profesional.
Luis María Pardo, presidente de la plataforma Iustitia Europa, ha justificado la petición de prisión preventiva ante los medios de comunicación alegando la existencia de un posible «riesgo de fuga». Pardo ha señalado que el Estado debe evitar situaciones de salida del territorio nacional similares a las de otros líderes políticos procesados, subrayando que la jornada de hoy representa un hito institucional al ser la primera vez que un exjefe del Ejecutivo declara como imputado en una causa de corrupción.
Durante la comparecencia, el investigado deberá responder sobre el origen del patrimonio intervenido por la Policía Judicial y sobre los pormenores de la operación financiera que permitió la inyección de fondos públicos en la compañía aérea. La decisión final sobre la aplicación de medidas cautelares quedará supeditada al criterio del magistrado instructor, una vez escuchadas las partes y tras valorar el contenido del testimonio prestado por el expresidente ante la Audiencia Nacional.
