El colectivo Stop Abolición denuncia contradicciones en la política abolicionista del Ejecutivo y reclama una regulación del sector
La plataforma Stop Abolición, que agrupa a trabajadoras sexuales en favor de la regulación de su actividad, ha intensificado su campaña de movilización para cuestionar la postura abolicionista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El colectivo denuncia una presunta «hipocresía» institucional al contrastar las iniciativas legislativas de prohibición con los antecedentes familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculados en el pasado a la gestión de locales de alterne. Más allá de la crítica política, las representantes de la organización exigen la apertura de un diálogo parlamentario que priorice la seguridad jurídica y los derechos laborales frente a la persecución penal.
Durante las últimas semanas, las portavoces de Stop Abolición han difundido diversas acciones comunicativas, entre las que destaca la denominada «ruta del PSOE». Esta iniciativa señala los establecimientos que pertenecieron a Sabiniano Gómez, suegro del presidente, para evidenciar que el entorno cercano del jefe del Ejecutivo ha tenido contacto directo con la realidad del sector que ahora se pretende abolir. Según Luna, sexóloga y colaboradora de la plataforma, resulta incoherente legislar en contra de la subsistencia de unas 100.000 trabajadoras basándose en una «caricatura» del oficio, obviando el lucro indirecto que familiares del propio Sánchez habrían obtenido de esta actividad en el pasado.
En el ámbito estadístico, el colectivo rebate las cifras ofrecidas habitualmente por el Ministerio de Igualdad. Mientras que el discurso oficial sitúa el porcentaje de mujeres víctimas de trata entre el 80% y el 90%, desde Stop Abolición sostienen que, según datos de organismos internacionales y registros policiales de inspección administrativa, las situaciones de explotación forzada se sitúan entre el 10% y el 15%. Para la plataforma, la actual estrategia gubernamental confunde el trabajo sexual voluntario con la trata de personas, lo que genera un marco legal que, a su juicio, desprotege a quienes ejercen la profesión por decisión propia.
Las trabajadoras critican especialmente la reciente prohibición de la tercería locativa y las restricciones a la publicidad en páginas web, medidas impulsadas por las titulares de Igualdad, Ana Redondo e Irene Montero. Según explican, estas reformas del Código Penal no eliminan la prostitución, sino que la empujan a la clandestinidad, impidiendo que las mujeres puedan alquilar locales seguros o anunciarse de forma autónoma. Cristina, trabajadora con doce años de experiencia, señala la contradicción de estar dada de alta como autónoma para el pago del IVA mientras se le deniega el reconocimiento de su actividad como un trabajo con plenos derechos.
La propuesta de Stop Abolición se alinea con modelos vigentes en países como Holanda o Nueva Zelanda, donde la prostitución se reconoce como una actividad laboral y se persigue de forma separada la explotación y el abuso. El colectivo solicita que el trabajo sexual sea extraído del Código Penal y que se establezca un marco de cotización a la Seguridad Social y protección frente a riesgos laborales. «No somos mujeres sin recursos ni vulnerables que necesiten ser rescatadas; somos trabajadoras que exigen ser escuchadas antes de que se legisle sobre nuestras vidas», concluyen desde la organización.
Ante el actual escenario legislativo, la plataforma hace un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que abandonen los prejuicios morales y se basen en la realidad cotidiana del sector. La exigencia de Stop Abolición es clara: el fin de la «hipocresía política» y la sustitución de la vía abolicionista por un sistema de derechos que garantice la autonomía y el bienestar de las miles de personas que ejercen el trabajo sexual en España.
