La Audiencia de Murcia ordena reabrir la causa contra José Vélez por presunto fraccionamiento de contratos
La Audiencia Provincial de Murcia ha dispuesto la reapertura de las diligencias judiciales contra el exsecretario regional del PSRM-PSOE y exalcalde de Calasparra, José Vélez, por el presunto fraccionamiento de contratos públicos durante su gestión al frente del consistorio entre los años 2014 y 2020. La decisión de la Sala se produce tras estimar el recurso de apelación interpuesto por el Partido Popular contra el sobreseimiento inicial de la causa.
En el auto judicial, el tribunal califica de «precipitado» el archivo de las actuaciones que había sido acordado previamente por el Juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz. Según la resolución de la Audiencia, persisten indicios de criminalidad que justifican la continuación de la investigación, al no haber quedado desvirtuadas las sospechas iniciales sobre la gestión administrativa de los contratos bajo sospecha.
Los indicios que motivan la reapertura se centran en la presunta división artificiosa de diversos contratos menores con el objetivo de eludir los procedimientos de licitación y libre concurrencia pública. Los denunciantes sostienen que esta práctica habría vulnerado sistemáticamente la normativa reguladora de la contratación administrativa, lo que podría derivar en un presunto delito de prevaricación, sin perjuicio de otras calificaciones penales que pudieran surgir durante la instrucción.
Este escenario jurídico se produce en un contexto de complejidad procesal para el exmandatario municipal. El pasado mes de mayo, la Fiscalía presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en relación con otra causa distinta que afectaba a Vélez, vinculada a la organización de festejos taurinos en la Feria del Arroz de Calasparra entre 2017 y 2019.
Dicho procedimiento anterior había sido archivado por la Audiencia Provincial al considerar que se habían superado los plazos legales de instrucción antes de tomar declaración a los investigados. No obstante, el Ministerio Público impugnó esta decisión, sosteniendo que no se produjo tal caducidad en los tiempos procesales, por lo que la resolución definitiva sobre este segundo frente judicial permanece pendiente del dictamen del Tribunal Supremo.
Con la reactivación de la causa por fraccionamiento de contratos, el juzgado de instrucción competente deberá retomar las diligencias necesarias para esclarecer si las adjudicaciones realizadas bajo el mandato de Vélez se ajustaron a la legalidad vigente o si, por el contrario, existió una voluntad deliberada de contravenir los principios de publicidad y concurrencia en la administración local.
