El Gobierno declara la situación de emergencia de seguridad nacional en Ceuta y crea un mando único para la gestión migratoria
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, por primera vez en la historia democrática, la declaración de situación de emergencia de seguridad nacional para la ciudad autónoma de Ceuta. Esta medida, que se extenderá inicialmente hasta el 31 de diciembre, responde a la crisis migratoria iniciada hace 26 días tras la entrada masiva de 80.000 personas, un evento que el Ejecutivo reconoce que ha alterado el funcionamiento ordinario de las administraciones públicas y superado las capacidades de acogida y seguridad ciudadana.
La declaración conlleva la creación inmediata de un mando único que centralizará la coordinación de los recursos estatales y locales. Esta autoridad funcional estará encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y englobará la actuación de un total de 11 ministerios. En este organismo colaborarán activamente las autoridades locales de Ceuta, miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y especialistas del Departamento de Seguridad Nacional.
En el ámbito legislativo, el Gobierno ha dado luz verde a dos anteproyectos de ley fundamentales: la reforma de la Ley de Extranjería y la redacción de una nueva Ley de Asilo. Según ha informado el Ministerio del Interior, el objetivo primordial es adecuar el marco normativo español al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado el pasado mes de mayo. Estas reformas buscan dotar al sistema de un enfoque garantista que permita una gestión más eficiente de los flujos migratorios y de los procedimientos de asilo en las fronteras terrestres.
El Real Decreto que regula esta situación de emergencia, elaborado tras el informe del Consejo Nacional de Seguridad, contempla la posibilidad de prorrogar las medidas más allá de fin de año o modificar su alcance geográfico y material si la situación lo requiere. Además del refuerzo en seguridad y gestión fronteriza, el Ejecutivo ha anunciado un plan de medidas económicas destinadas a revitalizar el tejido productivo de la ciudad autónoma, afectado por la excepcionalidad de las últimas semanas.
La decisión se produce tras la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros ocho ministros a la ciudad autónoma. El presidente ha vinculado la necesidad de estas reformas legislativas a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera y a la operatividad de las infraestructuras de vigilancia. Con este nuevo marco jurídico, el Estado busca asegurar que las repatriaciones se realicen bajo criterios de máxima eficiencia y seguridad jurídica, adaptándose a la realidad administrativa y física de la frontera sur.
