El ICAM alerta de una posible merma económica para los abogados de oficio con el nuevo Reglamento de Justicia Gratuita

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha advertido que la entrada en vigor del nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita podría derivar en un empeoramiento de las condiciones económicas para los letrados del turno de oficio. Aunque la institución celebra la transición hacia un modelo de medición adaptado a la Justicia digital, sostiene que las cuantías fijadas para los procedimientos penales de gran volumen o especial complejidad, como los tramitados en la Audiencia Nacional, resultan insuficientes para cubrir el esfuerzo profesional requerido.

La reforma, que entró en vigor el pasado jueves, modifica el criterio para cuantificar el nivel de trabajo de los abogados. El sistema anterior, basado en el número de folios de los que constaba una causa, ha sido sustituido por la medición a través de «acontecimientos» del expediente electrónico. Se entiende por acontecimiento cualquier acto formal, providencia o resolución que impulse el proceso judicial. Desde el ICAM valoran positivamente esta actualización técnica, al considerar que se ajusta mejor a la realidad de una Administración de Justicia crecientemente digitalizada.

Sin embargo, la preocupación institucional radica en la traducción económica de estos baremos. El nuevo Reglamento establece un módulo específico de 600 euros para procedimientos de especial complejidad y para causas seguidas ante la Audiencia Nacional. A esta base se le suma un complemento de 32,15 euros por cada 250 acontecimientos del expediente, además de las retribuciones correspondientes por comparecencias y días de vista.

Según las estimaciones del Colegio de Madrid, un juicio en la Audiencia Nacional suele acumular entre 2.000 y 3.000 acontecimientos, lo que elevaría la compensación bruta a una horquilla de entre 857,20 y 985,80 euros. Juan Manuel Mayllo, diputado de la Junta de Gobierno responsable de Justicia Gratuita, ha señalado la precariedad de estas cifras, subrayando que los profesionales deben asumir asuntos de enorme complejidad técnica y larga duración por menos de 1.000 euros brutos.

El ICAM destaca asimismo que en casos de especial magnitud, como aquellos en los que interviene la Fiscalía Europea, el volumen de acontecimientos puede superar los 10.000, lo que multiplica la carga de trabajo sin que el baremo garantice una remuneración acorde. Además, la corporación advierte que este cambio de criterio no asegura que el abogado perciba más que con el sistema anterior; en ciertos casos, la antigua compensación vinculada al número de folios podía resultar superior a la que ofrece el nuevo cómputo digital.

Con esta postura, el Colegio de la Abogacía de Madrid reafirma su reconocimiento a los avances normativos en materia de modernización, pero mantiene su reivindicación de una mejora en los módulos económicos para asegurar la sostenibilidad del Turno de Oficio y la dignidad de los profesionales que garantizan el derecho de defensa de los ciudadanos sin recursos.