El Gobierno aprueba la reforma del reglamento de extranjería: los antecedentes policiales no serán causa de denegación automática

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo real decreto que regula el proceso de regularización de inmigrantes en España, introduciendo cambios significativos en los criterios de concesión de permisos de residencia y trabajo. La principal novedad radica en que contar con antecedentes policiales no supondrá la denegación automática de la solicitud, desplazando la decisión final hacia una valoración individualizada realizada por funcionarios civiles en lugar de autoridades policiales.

La normativa establece que el requisito indispensable será la presentación de un certificado de carencia de antecedentes penales expedido por el país de origen. Sin embargo, en lo referente a los antecedentes policiales —delitos cometidos sin sentencia firme—, el texto estipula que el órgano competente deberá valorar de forma «casuística y circunstanciada» si el solicitante representa una amenaza real para el orden público, la seguridad interior o la salud pública. Esta evaluación recaerá en el personal de la Administración, dejando a la Policía Nacional un papel consultivo a través de la elaboración de informes previos.

Para optar a esta regularización, los solicitantes deberán acreditar una residencia continuada en territorio nacional de al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026. Además, deberán cumplir con uno de los tres supuestos previstos: contar con vinculación laboral, tener cargas familiares con menores a cargo o encontrarse en situación de vulnerabilidad como solicitantes de protección internacional. El decreto permite acreditar la residencia mediante «cualquier prueba válida en derecho», incluyendo documentos caducados como pasaportes o cédulas de inscripción, así como certificados de empadronamiento, citas médicas o contratos de alquiler.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha optado por un modelo de gestión que externaliza gran parte de la tramitación. Las Oficinas de Extranjería, la Seguridad Social y el servicio de Correos se encargarán de la recepción de documentos con el apoyo de la empresa pública Tragsa. La resolución de los expedientes se centralizará en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), ubicada en Vigo, quedando las unidades policiales de extranjería apartadas del proceso de gestión directa, salvo en casos donde se detecten anomalías documentales.

Esta estructura administrativa ha generado críticas entre las organizaciones sindicales de la Policía Nacional. Sindicatos como Jupol han advertido sobre una posible «desnaturalización del control administrativo» y una merma en las garantías de seguridad. Según denuncian, la exclusión de profesionales cualificados en el control migratorio y la aceptación de documentos expirados podría incrementar el riesgo de fraude en la verificación de identidades y antecedentes, convirtiendo el proceso en un potencial «coladero» de seguridad.

Por otro lado, el texto definitivo introduce ajustes respecto a los borradores iniciales siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado. Los solicitantes de protección internacional ya no estarán obligados a renunciar a su petición de asilo para iniciar la regularización, pudiendo desistir únicamente una vez obtenido el permiso de residencia. No obstante, la normativa ha dejado fuera a los apátridas, una decisión que afecta mayoritariamente a la población saharaui residente en España y que ha generado discrepancias en el arco parlamentario por las implicaciones políticas respecto a las relaciones internacionales.

Finalmente, el Gobierno se ha comprometido a agilizar la obtención de los certificados de antecedentes penales de los países de origen. En los casos en que el solicitante no logre obtener el documento en el plazo de un mes, el Ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia, intervendrá para intentar recabar la información en un periodo máximo de tres meses, reforzando así el objetivo de alcanzar una regularización masiva bajo los nuevos estándares de celeridad administrativa.