Renfe rechaza facilitar información detallada sobre las irregularidades en la oposición de operadores comerciales

La operadora pública ferroviaria Renfe ha desestimado una solicitud de información a través del Portal de Transparencia relativa al proceso de selección para 600 plazas de operador comercial. La compañía ha rechazado proporcionar los protocolos de seguridad y los informes internos sobre las presuntas irregularidades que obligaron a repetir la prueba psicotécnica el pasado 25 de julio, tras detectarse una coincidencia casi total entre el examen y el material de una academia privada.

Para justificar su negativa, la entidad pública sostiene que la Ley de Transparencia no obliga a la administración a elaborar informes específicos o realizar análisis técnicos complejos bajo demanda. Según argumenta Renfe, atender la petición de información requeriría una labor previa de búsqueda, selección y contraste de datos procedentes de diversas unidades, lo que a su juicio excedería las obligaciones impuestas por el marco legal vigente.

El conflicto se originó tras la convocatoria de selección en la que participaron 5.716 aspirantes. Tras la realización de las pruebas iniciales, se denunció que 35 de las 36 preguntas del examen psicotécnico eran idénticas a los materiales de preparación de la academia Eticop. Ante esta situación, y siguiendo la recomendación de la Abogacía del Estado, la empresa decidió anular la prueba y repetirla a finales de julio, una medida que paralizó temporalmente el proceso de adjudicación de plazas.

Esta decisión ha derivado en un conflicto judicial de calado. Cerca de 400 candidatos que habían obtenido inicialmente una plaza provisional han acudido a los tribunales para defender sus derechos, al considerar que la repetición del examen les perjudica. Asimismo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han cuestionado la gestión del proceso y la falta de transparencia en la publicación de las plantillas oficiales y los criterios de baremación aplicados por la compañía.

Por su parte, People Experts, la empresa externa contratada para el diseño y gestión de las pruebas, también ha declinado ofrecer explicaciones técnicas sobre la filtración de los contenidos. La firma alega que revelar los detalles de la coincidencia entre los exámenes y el material de la academia podría comprometer los métodos de evaluación y la seguridad de sus procedimientos de selección futuros.

En el ámbito parlamentario, el Partido Popular ha solicitado una auditoría inmediata del proceso de selección. La formación ha instado al Gobierno a elaborar un informe detallado que recoja todas las incidencias detectadas y las reclamaciones presentadas, con el fin de depurar las responsabilidades correspondientes en la gestión de una oferta pública de empleo que afecta a miles de opositores.

Hasta el momento, Renfe mantiene su postura de no hacer público el número total de reclamaciones administrativas recibidas. La opacidad sobre estos datos se suma a las críticas de los opositores por la ausencia de canales de información claros durante el desarrollo de la crisis, lo que ha generado una notable incertidumbre institucional sobre la integridad de las pruebas de acceso a la empresa pública.