El Gobierno central cifra en un centenar los retornos diarios voluntarios desde Ceuta tras la crisis migratoria

El Gobierno de España estima que entre 50 y 100 inmigrantes retornan diariamente a Marruecos de forma voluntaria y a pie desde la ciudad autónoma de Ceuta. Esta tendencia se consolida casi un mes después de la entrada masiva de cerca de 80.000 personas, en un contexto marcado por la saturación de los recursos asistenciales y la reciente activación de un mando único para coordinar la gestión de la crisis migratoria.

Según fuentes gubernamentales, quienes emprenden el viaje de vuelta lo hacen motivados por las difíciles condiciones de vida en la ciudad, donde los servicios públicos y los espacios de acogida se encuentran desbordados. El Ejecutivo ha precisado que los controles fronterizos impiden que los menores de edad participen en estos retornos voluntarios, debido al régimen de especial protección que rige sobre el colectivo y la supervisión de las autoridades españolas en la línea fronteriza.

En la actualidad, persiste una disparidad en las cifras oficiales sobre la población migrante que permanece en Ceuta. Mientras que las autoridades locales sitúan el número de personas en situación irregular entre los 8.000 y 10.000, la Administración central reduce la estimación a unos 5.000 individuos, tomando como referencia el volumen de raciones alimenticias distribuidas diariamente por las organizaciones no gubernamentales que operan en la zona.

Para centralizar la gestión de esta crisis, el Consejo de Ministros ha declarado la situación como de interés de seguridad nacional, una medida excepcional que se extenderá, al menos, hasta el próximo 31 de diciembre. Esta decisión ha permitido la creación de una autoridad funcional o mando único liderada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Este organismo integra la labor de once ministerios, el Gobierno de Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y responsables del Departamento de Seguridad del Estado.

El ministro Torres ha manifestado desde la ciudad autónoma que la intención del Ejecutivo es proceder a la devolución de los inmigrantes que permanecen en territorio español, siempre «con arreglo a la ley». El proceso requiere la filiación y el registro de cada individuo en espacios habilitados para tal fin, como los centros de acogida temporales de Loma Margarita y Loma Colmenar, que comenzaron su actividad el pasado jueves ante la saturación de las infraestructuras previas.

Desde el punto de vista jurídico, la repatriación de los ciudadanos en situación irregular conlleva la apertura de expedientes individuales de expulsión. Este procedimiento garantiza el derecho a la asistencia letrada y a un intérprete, permitiendo al interesado presentar alegaciones. Sin embargo, la resolución de estos expedientes por parte de la Delegación del Gobierno afronta plazos dilatados debido al colapso de la Oficina de Extranjería y a la posibilidad de que los afectados interpongan recursos judiciales o soliciten asilo internacional.

En este escenario, el Gobierno ha impulsado dos anteproyectos legislativos para reformar la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo, con el objetivo de armonizar la normativa nacional con el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo (PEMA) de 2024. Aunque estas reformas prevén agilizar los trámites de repatriación, no tendrán un impacto inmediato en la actual crisis de Ceuta, dado que su tramitación parlamentaria se extenderá durante varios meses.

Por último, en el ámbito de la coordinación con la Unión Europea, el Ministerio de Juventud e Infancia anunció recientemente el traslado de 500 menores desde Ceuta a la Península. Esta medida se produce tras las directrices de la Comisión Europea, que avala la devolución de inmigrantes en situación irregular conforme a los protocolos establecidos, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen el despliegue para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en la ciudad autónoma.