La Corporación RTVE mantiene sus estatutos desactualizados tras la reforma legislativa de 2024

Radio Televisión Española (RTVE) continúa operando con sus estatutos sociales sin renovar desde el año 2022, a pesar de que la reciente modificación de la ley que regula la corporación pública exige su actualización inmediata. Esta situación se produce tras la aprobación del Real Decreto-ley 5/2024, el cual reformó la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, generando una discrepancia normativa entre la realidad operativa del ente y su marco estatutario inscrito.

La actual divergencia jurídica radica en que los estatutos vigentes en el Registro Mercantil contemplan un Consejo de Administración compuesto por 10 miembros, mientras que la legislación aprobada por el Congreso de los Diputados amplió el número de consejeros a 15. Esta falta de adaptación afecta no solo a la composición del órgano de gobierno, sino también al reparto de competencias ejecutivas y de control dentro de la sociedad mercantil estatal.

Fuentes del sector jurídico advierten que esta situación contraviene el principio de jerarquía normativa, ya que la corporación tiene la obligación legal de adaptar sus normas internas ante cualquier cambio en su ley reguladora. El procedimiento de modificación estatutaria requiere la iniciativa del Consejo de la corporación o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el acuerdo favorable del Consejo de Ministros, la aprobación de la Junta General de Accionistas y su posterior inscripción registral; trámites que, hasta la fecha, no se han completado.

El desfase normativo alcanza áreas sensibles de la gestión económica y administrativa. Los estatutos actuales estipulan que el Consejo de Administración debe aprobar todos los contratos audiovisuales de cuantía igual o superior a dos millones de euros y ratificar el nombramiento del equipo directivo. Sin embargo, bajo el nuevo régimen legal introducido por el decreto de 2024, estas funciones han pasado a ser competencia de la presidencia, ejercida por José Pablo López, permitiendo la toma de decisiones sobre contrataciones con productoras externas y cambios en el organigrama sin la necesidad del consenso tradicionalmente exigido.

La reforma que dio origen a esta situación fue convalidada en el Congreso de los Diputados en una sesión extraordinaria marcada por la tensión política, al coincidir con la gestión de la catástrofe provocada por la DANA en Valencia. El decreto fue sacado adelante con los votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Podemos, Bildu, ERC y Junts, con el objetivo de dotar de nuevos poderes ejecutivos a la presidencia y asegurar la estabilidad de la dirección del ente público.

Organizaciones y especialistas consultados señalan que la prolongación de esta «anomalía jurídica» podría derivar en un escenario de inseguridad para la toma de decisiones administrativas. Mientras que en casos precedentes, como la dimisión de la presidencia en 2022, los estatutos se modificaron de forma acelerada para dotar de poderes a la dirección interina, en esta ocasión el proceso de regularización formal de la estructura de 15 consejeros permanece estancado, manteniendo a la radiotelevisión pública bajo un marco reglamentario que no refleja su realidad legislativa.