La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que contradice la versión ofrecida por el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, respecto a las supuestas filtraciones de conversaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos. El documento técnico sostiene que el DAO aportó información inexacta al juez Santiago Pedraz al intentar demostrar que la unidad había desmentido ser la fuente de dichas comunicaciones publicadas en prensa.
Según el informe de la unidad de élite, el teniente general Llamas atribuyó erróneamente al general de Policía Judicial, Alfonso López Melo, un mensaje de WhatsApp que supuestamente confirmaba que la UCO no había filtrado los datos de forma autónoma. Sin embargo, los agentes han acreditado que fue el propio DAO quien remitió esa información al general López Melo el pasado 13 de mayo, y no a la inversa. La UCO subraya en su escrito que «no desmintió noticia alguna» y que la comunicación presentada por la defensa de Llamas como prueba de descargo no se ajusta a la realidad de los hechos.
El origen de la controversia se remonta a las informaciones reservadas —investigaciones internas— que el DAO abrió contra los agentes de la UCO tras la publicación de correos electrónicos de Begoña Gómez y de los chats de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. El mando operativo justificó estas pesquisas ante las sospechas de que la unidad de investigación estaba facilitando datos a los medios de comunicación. El informe actual aclara que, tras analizar las evidencias, se determinó que los mensajes publicados procedían de un dispositivo electrónico oculto en el domicilio del exministro y que el propio Ábalos reconoció haber entregado el material a la prensa.
El documento de la UCO enfatiza que no existe constancia de ningún desmentido público ni interno por parte del general de Policía Judicial. Además, señala que el equipo de investigación ya había reportado en repetidas ocasiones que no disponía de los mensajes publicados antes de que se abrieran las diligencias internas. La unidad defiende su proceder y resalta que la segunda revisión de los dispositivos incautados en el caso Koldo confirmó que era «materialmente imposible» que la filtración procediera de sus archivos, ya que los datos bajo custodia policial solo llegaban hasta octubre de 2021.
Este cruce de versiones se produce en un contexto de alta tensión institucional dentro de la Guardia Civil. La apertura de las informaciones reservadas contra la UCO fue precedida por protestas directas ante el DAO por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general del instituto armado, Mercedes González, tras la aparición de informaciones sensibles que afectaban al entorno de la Moncloa.
La discrepancia entre la dirección operativa y la unidad investigadora ha tenido consecuencias judiciales inmediatas. Tanto el teniente general Manuel Llamas como la directora general, Mercedes González, se encuentran imputados en el marco del denominado caso Leire. El juzgado de instrucción investiga la posible comisión de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia derivados de la gestión de estas investigaciones internas y de la información facilitada a las autoridades judiciales sobre la autonomía y actuación de la UCO.
