Salvador Illa defiende el nuevo modelo de financiación autonómica y subraya su carácter solidario en su visita a Extremadura

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este miércoles en La Zarza (Badajoz) la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Durante su intervención con motivo de la celebración de la Diada en la localidad extremeña, Illa ha sostenido que el sistema planteado no perjudica a ninguna comunidad, sino que resulta beneficioso para el conjunto del Estado, rechazando así las críticas de agravio comparativo formuladas desde la Junta de Extremadura.

El jefe del Ejecutivo catalán ha incidido en que el modelo propuesto es plenamente compatible con el principio de solidaridad interterritorial. En este sentido, ha destacado la movilización de 21.000 millones de euros adicionales que el sistema de financiación prevé incorporar para el sostenimiento de servicios públicos esenciales, tales como la sanidad, la educación y las políticas sociales en todas las autonomías.

Respecto a las valoraciones de la Junta de Extremadura, cuya portavoz, Elena Manzano, calificó recientemente el sistema como un factor de «desigualdad», Illa ha instado a un análisis técnico de los datos. Según el president, «basta mirar los números para ver que no es así» y ha invitado a las administraciones críticas a presentar alternativas constructivas, señalando que el debate ganaría credibilidad si las objeciones fuesen acompañadas de modelos alternativos de financiación.

En el marco de su visita institucional, Illa ha mantenido un encuentro con la presidenta extremeña, María Guardiola. Antes de la reunión, el presidente de la Generalitat manifestó su intención de trasladar un mensaje de colaboración y «solidaridad siempre, especialmente ahora, de Cataluña con el conjunto de España», subrayando la voluntad de entendimiento entre ambos ejecutivos autonómicos a pesar de las diferencias de criterio en materia fiscal.

La presencia del mandatario catalán en Extremadura coincide con un periodo de intenso debate político sobre la reforma del sistema de financiación, un asunto que se mantiene en el centro de la agenda parlamentaria y que condiciona las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.