Sofía Puente defiende su perfil técnico y trayectoria en la Carrera Fiscal frente a la exposición pública
Sofía Puente Santiago, actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, ha reivindicado su trayectoria profesional de casi tres décadas en el ámbito jurídico, desvinculando su evolución en la administración pública de su parentesco con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Durante una reciente intervención en el programa Malas lenguas, la fiscal de carrera subrayó que su progresión institucional responde a un perfil técnico iniciado mediante oposición en el año 1996.
Nacida en Valladolid en 1970, Puente es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Tras acceder a la Carrera Fiscal, desarrolló su actividad profesional en diversas plazas, incluyendo las fiscalías de Cádiz, Palencia y Valladolid. En esta última, se especializó en la persecución de delitos de violencia de género, desempeñándose como delegada de área y destacando por su labor en la protección de víctimas. Su compromiso asociativo la llevó a ser portavoz nacional de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) entre 2010 y 2012, además de ejercer como vocal del Consejo Fiscal.
Su salto a la alta dirección pública se produjo en el año 2020, bajo la gestión del Ministerio de Justicia. Inicialmente, ocupó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (anteriormente conocida como Dirección General de los Registros y del Notariado), donde gestionó competencias relativas a los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y el Registro Civil durante tres años. Con la reestructuración del ministerio liderada por Félix Bolaños, fue nombrada secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
En el desempeño de sus actuales funciones, Sofía Puente percibe una retribución anual que supera los 130.000 euros, según los datos recogidos en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Su labor se ha centrado recientemente en el impulso de la digitalización de la fe pública judicial y en la implementación de normativas de alcance internacional, como la ampliación de los efectos de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ley de nietos.
Pese a la relevancia política de su hermano, Óscar Puente, quien fue alcalde de Valladolid antes de asumir la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, Sofía Puente ha mantenido una marcada separación entre su actividad profesional y el debate político de partidos. Quienes han colaborado con ella en el Ministerio de Justicia definen su gestión como sobria y técnica, orientada a la modernización de las estructuras del servicio público de justicia.
En el ámbito personal, Puente reside entre Valladolid y Madrid, está casada con el fiscal Manuel Javato Martín —actual delegado para delitos contra la mujer en la capital vallisoletana— y tiene una hija. A lo largo de su carrera, ha mantenido una presencia discreta, centrada en sus competencias jurídicas y en su formación académica previa a la entrada de su hermano en la política nacional.
