Sumar y Podemos solicitan al Gobierno ampliar el plazo para la regularización extraordinaria de personas migrantes
Los grupos parlamentarios de Sumar y Podemos han instado formalmente este martes al Gobierno de España a prorrogar el periodo de solicitud para el proceso de regularización de personas migrantes, cuya fecha límite está fijada para el próximo 30 de junio. La petición se produce tras conocerse que la administración ha recibido ya cerca de 900.000 solicitudes de ciudadanos extranjeros que buscan normalizar su situación administrativa en el país.
La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha defendido la necesidad de una extensión del calendario para asegurar que el proceso sea inclusivo. Según ha manifestado en rueda de prensa desde la Cámara Baja, la formación considera que el Ejecutivo debe actuar para evitar que los solicitantes queden excluidos por falta de tiempo material para la presentación de los expedientes y la documentación preceptiva.
En una línea similar, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respaldado la ampliación del plazo y ha señalado la existencia de dificultades operativas en el procedimiento. Belarra ha denunciado «trabas burocráticas» que, a su juicio, entorpecen la regularización, haciendo especial hincapié en que las embajadas y consulados españoles en el exterior no estarían gestionando los trámites con la agilidad requerida por los solicitantes.
Durante sus respectivas intervenciones, ambas representantes políticas han aprovechado para criticar la reciente decisión de la Comunidad de Madrid de excluir a las personas no empadronadas de las bonificaciones en el abono transportes, a excepción de los estudiantes. Mientras que Sumar ha rechazado la medida por su impacto social, la líder de Podemos la ha calificado de discriminatoria para los sectores de la población con menos recursos.
A menos de dos semanas de que expire el plazo oficial, el Ministerio del Interior y los departamentos competentes no han emitido de momento una respuesta oficial sobre una posible prórroga. El volumen de peticiones registrado hasta la fecha refleja el alcance de un proceso que busca dar cobertura legal a cientos de miles de personas que residen y trabajan en territorio nacional.
