El Tribunal Supremo requiere al Gobierno el expediente de la regularización de inmigrantes tras el recurso de Hazte Oír

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la remisión del expediente administrativo relativo al Real Decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes. El alto tribunal ha otorgado un plazo «improrrogable» de 20 días para la entrega de dicha documentación, tras admitir a trámite el recurso interpuesto por la asociación Hazte Oír contra la normativa aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.

La diligencia de ordenación se produce en respuesta a la impugnación presentada por la citada entidad, que ha solicitado formalmente la suspensión cautelar del decreto. Según el escrito de interposición, la asociación considera que la norma excede los límites legales y supone una alteración estructural de la política migratoria del Estado con efectos permanentes, lo que, a su juicio, justifica la intervención judicial inmediata para evaluar la legalidad del procedimiento.

El recurso de la parte demandante sostiene que la aplicación del Real Decreto genera efectos jurídicos inmediatos y difícilmente reversibles. Entre estos puntos, destacan la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo, el alta en el sistema de la Seguridad Social, el acceso a prestaciones públicas y la suspensión de órdenes de expulsión que ya contaban con firmeza. La asociación argumenta que la ejecución de la norma consolidaría derechos que complicarían la restitución a la situación anterior en caso de una futura sentencia estimatoria.

Por su parte, el Ejecutivo defendió la aprobación de esta medida el pasado martes, señalando que la iniciativa busca dar respuesta a la situación de aproximadamente 500.000 personas. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el plan beneficia a 250.000 solicitantes de asilo y a otros 250.000 ciudadanos en situación irregular que podrán acogerse a las diversas figuras de arraigo contempladas en la nueva regulación.

Con este requerimiento, el Tribunal Supremo inicia el análisis de fondo sobre la potestad reglamentaria del Gobierno en esta materia. Una vez recibido el expediente administrativo solicitado, la Sala deberá dar traslado a las partes para que presenten sus alegaciones, manteniendo mientras tanto bajo estudio la petición de medidas cautelares que podrían paralizar la aplicación de la reforma migratoria de forma provisional.