El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sus primeras sentencias sobre la Ley de Amnistía el 16 de julio

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el próximo 16 de julio emitirá las dos primeras sentencias sobre la compatibilidad de la Ley Orgánica de Amnistía con el Derecho comunitario. Estas resoluciones responden a las consultas elevadas por tribunales españoles, que buscan clarificar si la norma nacional colisiona con el marco jurídico de la Unión Europea en asuntos de especial relevancia penal y contable.

El tribunal con sede en Luxemburgo se pronunciará de forma vinculante sobre dos de las cuatro cuestiones prejudiciales recibidas hasta el momento. La decisión llega tras los dictámenes emitidos el pasado mes de noviembre por el Abogado General, quien descartó que la tramitación de la ley respondiera a un supuesto de «autoamnistía» o que vulnerase de forma sustancial la legislación europea sobre terrorismo o la protección de los intereses financieros de la Unión, si bien admitió la posibilidad de que existieran infracciones menores.

Uno de los casos centrales que se resolverá es el planteado por el Tribunal de Cuentas, relativo a la responsabilidad contable del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros exmiembros del Govern. El órgano fiscalizador solicitó la intervención del TJUE para determinar si la aplicación de la amnistía es compatible con la fiscalización del uso de fondos públicos destinados a la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y a la acción exterior del proceso independentista.

Asimismo, la Gran Sala responderá a la cuestión prejudicial remitida por la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento por terrorismo contra varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La consulta judicial busca aclarar si la extinción de la responsabilidad penal mediante la amnistía en este tipo de delitos contravendría los estándares comunitarios que obligan a los Estados miembros a evitar la impunidad en infracciones graves contra el orden público y la seguridad.

Estas sentencias marcarán el criterio definitivo para el resto de órganos judiciales españoles que mantienen causas suspendidas a la espera de la interpretación europea. La resolución de la Gran Sala del TJUE es fundamental para garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la medida de gracia, estableciendo los límites que el Derecho de la Unión impone a la potestad legislativa de los Estados miembros en contextos de amnistía.