Académicos analizan la vigencia de la Constitución y proponen reformas estructurales en el Instituto de España
El jurista Tomás Ramón Fernández y la catedrática de Economía Ana María Gil Lafuente han protagonizado una sesión de análisis sobre la vigencia de la Constitución de 1978 en el Instituto de España. Durante el encuentro, enmarcado en el ciclo interacadémico anual, los expertos abordaron la necesidad de actualizar el marco normativo frente a las actuales tensiones institucionales y evaluaron el impacto de la estabilidad jurídica en el desarrollo económico del país.
Tomás Ramón Fernández, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, identificó dos áreas prioritarias para una eventual reforma constitucional: el sistema electoral y la organización territorial. Respecto al primer punto, el jurista sugirió modificaciones en el artículo 68 con el objetivo de evitar que las minorías parlamentarias condicionen de forma determinante las mayorías de gobierno, una situación que, según su criterio, debilita el equilibrio del sistema proporcional actual.
En relación con el Título VIII, relativo a la organización territorial del Estado, Fernández abogó por incorporar un modelo de Estado definido que la Carta Magna no pudo precisar en su origen. Asimismo, propuso la supresión de preceptos que calificó como «historia del Derecho», tales como las disposiciones transitorias sobre la aprobación de los estatutos de autonomía, los cuales carecen de aplicabilidad técnica en la actualidad.
El consenso como pilar institucional
El académico subrayó que la actual Constitución es la única en la historia de España fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas. No obstante, advirtió que la pérdida de dicho acuerdo ha derivado en una etapa de tensiones institucionales. En este sentido, Fernández señaló que legislaciones como la Ley de Memoria Histórica y la vigente Ley de Memoria Democrática han contribuido a profundizar la división social, afectando el espíritu de unidad que caracterizó la Transición española.
Impacto en la estabilidad económica
Por su parte, Ana María Gil Lafuente, académica de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, vinculó la solidez del marco constitucional con la prosperidad económica. La catedrática definió la estabilidad institucional como un «activo económico de primer orden» y resaltó que la seguridad jurídica es un factor determinante para atraer inversiones, fomentar la competitividad y garantizar la cohesión territorial.
La intervención de Gil Lafuente puso de manifiesto la necesidad de observar la Constitución no solo desde una perspectiva jurídica, sino también como una herramienta de eficiencia económica. Según la experta, un entorno normativo predecible es esencial para que España pueda afrontar los retos estructurales actuales y asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo.
Esta jornada forma parte de una serie de debates académicos que concluirán el próximo 7 de mayo, destinados a reflexionar sobre el papel de las instituciones del Estado en el contexto contemporáneo.
